EDICION Nº 65 FRAUDES

EN LA PENINSULA SE REDOBLA EL COMBATE CONTRA EL FRAUDE

Estafillas a la española

El año pasado las aseguradoras españolas detectaron 55.000 intentos de fraude en el ramo de automóviles y el monto total de las reclamaciones ilegítimas ascendió a 85 millones de euros. Las compañías organizan un concurso anual para premiar el caso de fraude más original.

En España, como en la Argentina, los asegurados son protagonistas de curiosos intentos de fraude. Pero, en España, el combate contra el fraude por parte de las compañías aseguradoras contiene aspectos sorprendentes. Por ejemplo, cada año se organiza un concurso para premiar los casos de fraude más originales.
La competencia española es organizada por ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras, y se denomina Concurso de Detección de Fraude. En su último capítulo ganó en la categoría Originalidad un caso que recuerda otros similares ocurridos en la Argentina: un asegurado declara que mientras hacía maniobras en un estacionamiento, aplastó la rodilla de otra persona que le estaba indicando cómo estacionar. Si esto hubiera sido cierto, la compañía debería haber abonado una indemnización al herido. Sin embargo, el liquidador que se encargó de tramitar el siniestro sospechó del asunto por tres razones: en los hechos narrados estaba involucrado un inmigrante que acababa de llegar a España; el conductor del vehículo había contratado su seguro en fecha muy cercana al siniestro y, en tercer lugar, el informe médico señaló que los daños en la rodilla no se habían producido por aplastamiento. La investigación concluyó que las declaraciones del "lesionado" y del conductor eran falsas: el inmigrante, de acuerdo con el asegurado y ante la promesa de compartir la indemnización, se había autolesionado a martillazos.

EPIDEMIA. En España los fraudes son una epidemia. El año pasado las aseguradoras detectaron 55.000 intentos de fraude en el ramo de automóviles. El monto total de las reclamaciones ilegítimas ascendió a 85 millones de euros (más de 90 millones de dólares) mientras que los gastos en los que incurrieron las aseguradoras a la hora de investigar esos casos (peritos, abogados, médicos e investigadores) fueron de dos millones de euros.
Según José María Olazábal, director de Formación de ICEA, no es que las tentativas de estafa hayan crecido, sino que cada año las aseguradoras redoblan sus esfuerzos para localizarlas. Y ese esfuerzo, como dicen los españoles, "merece la pena": en el 2002, por cada euro invertido en la lucha contra el fraude, las compañías se han ahorrado 52. Esta performance supera los datos del 2001, donde por cada euro invertido se ahorraron 40.
Más allá de las grandes cifras, las aseguradoras denuncian que el fraude cotidiano ­como en la Argentina­ está en las pequeñas cosas. En un interesante artículo publicado por el sitio Terra, el columnista Antonio Corral dice que "inflar partes de accidentes es algo habitual entre los españoles, que se sienten un poco como Robin Hood, robando a los ricos para dárselo a los pobres (en este caso a ellos mismos). Existe la idea generalizada de que las compañías de seguros lucran a nuestra costa, cobrándonos unas primas escandalosas, por lo que una forma de castigarlas es intentar sisarlas en pequeñas cantidades".

SIN CASTIGO. Un joven falleció en un accidente de motocicleta. Sus familiares le contrataron un seguro retrotrayendo la fecha de contratación al día del accidente. Poco después, la aseguradora recibió la notificación judicial de que debía indemnizar a los citados familiares con una cantidad cercana a los 68.000 euros. Como el asunto era sospechoso, la aseguradora (Axa) inició una investigación y consiguió demostrar que se trataba de un fraude. Todo tuvo un final feliz: los estafadores fueron condenados a seis meses de prisión.
Sin embargo, denunciar y castigar a los defraudadores no es la práctica habitual. Una vez descubierta la estafa, normalmente no hay ningún castigo. Desde el sector se observa una actitud conformista, ya que tras demostrar el intento de estafa (delito castigado con penas de cárcel de entre 6 meses y 4 años), las entidades aseguradoras no acuden a los tribunales para que se castigue al infractor, incluso es el defraudador el que usa la vía legal para hacer valer sus pretensiones. Esta actitud condescendiente, lo único que consigue, es contribuir a la idea generalizada de que el fraude al seguro no tiene consecuencias para el defraudador.
La mayoría de quienes defraudan a las aseguradoras, o al menos lo intentan, son los propios asegurados, que en muchos casos cuentan con la connivencia de otra persona o el taller encargado de la reparación. La figura del productor de seguros está ausente en este tipo de fraudes, ya que sólo participa en el 0,5 por ciento de los casos detectados.
Las compañías aseguradoras, viendo lo beneficioso que es para su negocio, se han propuesto incrementar sus esfuerzos para luchar contra esta lacra. Así, cada día hay más entidades que cuentan con grupos específicos que se encargan de investigar los supuestos fraudes.
La primera pista siempre la da el propio asegurado. Si se han añadido coberturas o se han contratado pólizas en fechas cercanas a un siniestro las posibilidades de que haya un engaño se multiplican.
El perito, si detecta algo extraño al analizar los restos del vehículo o las características del accidente, puede otorgar la segunda pista, mientras que la tercera es la solicitud de una indemnización elevada. Con todos esos indicios, la compañía se pone a trabajar e intenta desenmascarar la farsa.

LA OTRA CARA. Las aseguradoras se quejan de que el fraude es una práctica habitual. Pero las compañías no están libres de pecado. El artículo de Terra señala que desde la Oficina del Asegurado en España se sostiene que estas entidades también suelen "timar" a sus asegurados no pagando las indemnizaciones que corresponden.
Carlos Pizarro, responsable de Comunicación de la Oficina del Asegurado (OFA), denuncia las llamadas "prácticas habituales de proceder" de las compañías del sector. Basándose en las consultas que les llegan anualmente (unas 60.000, de las que el 75 por ciento corresponden al ramo de Automóviles), desde esta organización se observa que una parte importante de las aseguradoras prolonga al máximo el tiempo de respuesta a las peticiones de indemnización con el objetivo de desquiciar al asegurado, incluso, en ocasiones, acuden a la Justicia con la intención de que, temeroso de un proceso legal largo y caro, el cliente decida renunciar a sus pretensiones. Pizarro también se queja de la presunción de culpabilidad que adoptan las entidades aseguradoras respecto de los asegurados, haciendo que éstos tengan que demostrar su inocencia.
Para la OFA lo que es verdaderamente un "fraude encubierto" es lo que hacen las aseguradoras con el valor de los vehículos. Al momento de cobrar las primas, dicen, el auto asegurado se cotiza más que al momento de pagar el siniestro. Un clásico, en España y en la Argentina.


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