Todos los esfuerzos apuntan a matar los conflictos en etapa administrativa - Estrategas  
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INFORME ESPECIAL: ABOGADOS DEL SEGURO
Todos los esfuerzos apuntan a matar los conflictos en etapa administrativa
Los bufetes que trabajan con las aseguradoras advierten que, en hora buena, disminuye el ingreso de nuevos juicios en Riesgos del Trabajo. En sentido contrario, los litigios siguen en aumento en RC Automotores. Exhaustivo análisis de 44 abogados, integrantes de 25 estudios jurídicos, en este informe especial de Estrategas. Foto: Ignacio Villarroel, socio de López Saavedra & Villarroel.
Una vez más Estrategas reúne a los Abogados del Seguro para conocer cómo trabajan las aseguradoras la gestión de sus carteras judiciales. En esta oportunidad son 25 los estudios jurídicos que exponen su mirada sobre los litigios que afectan al mercado asegurador. Al igual que el año pasado, el foco está puesto, sobre todo, en Riesgos del Trabajo y en Responsabilidad Civil Automotores.

Encabeza la lista de los 21 estudios que reiteran su participación en esta edición 2018 del informe, Bulló Abogados, la prestigiosa firma nacida en 1925. Su especialidad es Seguros y Reaseguros, y opera en las instancias de extrajudicial, mediación y juicio. También vuelve a estar presente Allende & Brea; fundado en 1957, cuenta con 19 socios, 100 empleados y corresponsales en todo el país. El estudio Tallone Abogados está compuesto por tres socios, todos en el área Seguros, y se especializa en Seguros y Reaseguros, entre otros. Tiene 81 empleados y corresponsales en todo el país, y en Londres. Armando, Esnaola & Vidal Raffo cuenta con seis socios y todos operan en el área de Seguros. Se especializa en seguros Patrimoniales y Riesgos del Trabajo, en las instancias de mediación y juicio. También lo integran 12 abogados, 20 empleados y corresponsales en todo el país.

Por su parte, Castillo & Estévez Abogados tiene dos socios y ambos operan en el área de Seguros. Su especialidad es Seguros, Reaseguros y Riesgos del Trabajo, entre otras. Operan en las instancias de extrajudicial, mediación y juicios. De Iriondo y Asociados se enfoca en seguros Patrimoniales y cuenta con un equipo de 26 personas entre abogados, procuradores, liquidadores y empleados administrativos. Además, tiene 12 corresponsales en el interior del país. Estudio Faragó y Corrales Abogados tiene tres socios especializados en Seguros. Las instancias en las que trabaja son extrajudicial, mediación y juicios. Poseen corresponsales en CABA y en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El Estudio Geller, por su parte, se especializa en Derecho de Daños y Seguros y su ámbito de trabajo son las instancias de extrajudicial, mediación y juicios. Tiene 14 empleados y corresponsales en la Argentina y en países limítrofes. Estudio Gestido, a cargo de Fernando Gestido, se especializa en la atención a compañías de seguros en todos los ramos e instancias. Cuenta con 13 empleados y 24 corresponsales en todo el país. Estudio Jurídico Notarial Pirota & Asociados está integrado por tres socios que operan en el área de Seguros. Se especializa siniestros viales y Riesgos del Trabajo. Abarca las instancias de extrajudicial, mediación y juicios.

El Estudio Mangialardi y Asociados tiene cuatro socios, de los cuales tres están en el área de Seguros. Se especializa en Derecho del Seguro, entre otras ramas. Además, cuenta con cinco juniors, dos administrativos y un paralegal; suma corresponsales en todo el país y una red de estudios jurídicos a nivel mundial, con presencia en todos los continentes. Estudio Pantanali & Roffo está compuesto por tres socios y se especializa en Seguros y Riesgos del Trabajo, en las instancias de mediación y juicios.

Otro que vuelve a ser parte del Suplemento es Estudio SMBO. Cuenta con tres socios, todos en el área de Seguros y se especializa en Seguros, Reaseguros, Riesgos del Trabajo y Responsabilidad Civil, entre otros. Trabaja en las instancias de extrajudicial, mediación y juicios. Grin Bonomo & Asociados, de Diego Grin Bonomo, es un bufete que se especializa en prevención de litigios, gestión extrajudicial y mediación. Trabaja con ocho abogados, un licenciado en RR.II. y cuatro administrativos; además cuenta con diez trabajadores de campo en GBA y corresponsales en todo el país. Iezzi & Varone Abogados Penalistas de Empresas cuenta con dos socios y cuatro responsables en el área Seguros. Se especializa en Siniestros Automotor y Riesgos del Trabajo, en las instancias de extrajudicial, mediación y juicios. Está compuesto además por 25 empleados entre abogados, administrativos, investigadores y corresponsales.

El estudio López Saavedra & Villarroel Abogados está integrado por cuatro socios, todos con foco en Seguros, Reaseguros y Riesgos del Trabajo y cuyos ámbitos de injerencia son el extrajudicial, la mediación y los juicios. Lo integran, además, 20 abogados, 25 paralegales y colaboradores, y corresponsales en todo el país. Marval, O’Farrell & Mairal, a su vez, tiene 60 socios, de los cuales dos operan en el área de Seguros. Nicholson y Cano Abogados es un gran bufete que cuenta con un total de 250 empleados, 55 en el área de seguros, y que opera en las instancias de extrajudicial, mediación y juicios. Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas es un estudio que está compuesto por cinco socios, tres asociados y 15 abogados. Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge tiene cuatro socios, todos en el área de Seguros, y opera en extrajudicial, mediación y juicios. Cuenta con cuatro socios, 130 empleados y corresponsales en todo el país. Finalmente, vuelva a ser de la partida Estudio Tranmed y BR Abogados, especialista en Derecho del Seguro y Derecho Civil, con tres socios, 22 abogados y 30 administrativos.

La edición 2018 del informe llega con la incorporación de cuatro estudios. Estudio Santamarina Peritajes y Liquidaciones de Seguros es una empresa familiar que se especializa en Riesgos del Trabajo, Responsabilidad Civil y Combinado Familiar. Trabaja en las instancias de extrajudicial, mediación y juicio; y cuenta con sucursales en el interior del país. Estudio Manfredi & Asoc., por su parte, es especialista en Derecho de Seguros con foco en las instancias de extrajudicial y mediación. Estudio Salazar y Álvarez Riera tiene como titular a Daniel Salazar quien, además, es Director Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA). Por último, Anselmi SRI, que cuenta con tres socios enfocados al área Seguros y que realiza acciones en la etapa extrajudicial y de mediación.

Estos 25 estudios y 44 de los abogados que las representan hacen con Estrategas un exhaustivo análisis sobre la situación judicial que atraviesan las aseguradoras para las que trabajan.

 

BALANCE POSITIVO. Los juicios y mediaciones que soporta el sector asegurador alcanzaban a marzo de este año los 577 mil casos, de los cuales 335 mil corresponden a Riesgos del Trabajo. La ley 27.348 Complementaria de la ley sobre Riesgos del Trabajo, que busca frenar la altísima judicialización de casos en este ramo, tiene un año y medio de vida y se convierte en protagonista de esta edición del Suplemento.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el balance en este período es muy positivo: la litigiosidad en este ramo se redujo un 34% y se homologan el 89% de los casos presentados ante las Comisiones Médicas. Gabriel Iezzi, titular de Iezzi & Varone, coincide: “Se perciben mejoras en la disminución de la litigiosidad y en la posibilidad de filtrar, mediante las Comisiones Médicas, los juicios sin sustento”. Gonzalo Dabini, socio de Bulló, se suma: “Más de un 80 por ciento de los reclamos en los cuales se advierte algún grado de incapacidad laboral son resueltos en esta etapa prejudicial, en menos de 60 días, y tornando innecesaria su revisión en los tribunales. Se bajó de 67 mil juicios entre enero y junio de 2017, a 44 mil en el mismo período de 2018”. Cesar Blasco, socio de Tranmed y BR, convalida: “Es evidente que han logrado contener el inicio de acciones judiciales, a juzgar por la disminución en la cantidad de causas que se inician. Las mejoras en los criterios para el cálculo de las prestaciones resultan un fuerte incentivo para la aceptación del resultado del procedimiento administrativo”.

“La reforma avanza a paso firme, brindando soluciones concretas y efectivas a todos los sujetos involucrados -trabajadores, asegurados y aseguradoras-. Se destacan la disminución de la litigiosidad y el número creciente de acuerdos en sede administrativa”, señala también Marcela Botta, socia de Nicholson y Cano. “Es el mayor aporte que este Gobierno ha hecho al sistema asegurador y al sistema laboral”, considera en general Daniel Salazar, socio de Salazar & Álvarez Riera.

Los abogados hacen fila para señalar los puntos fuertes de esta reforma. Por ejemplo, Martín Melano Paz, de Armando, Esnaola & Vidal Raffo, señala que el ajuste semestral de los pisos mínimos garantizados supone una mejora constante en el monto de las reparaciones sistémicas. “Además, está la garantía de una adecuada defensa de los derechos del trabajador en todas las etapas del trámite administrativo y la posibilidad, en su caso, de revisar judicialmente la decisión administrativa”, agrega. “El patrocinio letrado contrarresta cualquier alusión a un posible abuso por desconocimiento del Derecho, argumento harto utilizado”, reafirma Rodrigo Castillo, socio de Castillo & Estévez.

Federico Tallone, de Tallone Abogados, sostiene que la aceptación de la reforma por parte de la Justicia, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, es cada vez mayor. “También se percibe la aceptación de la parte trabajadora que está concurriendo a las Comisiones, encontrando allí respuestas más eficaces de las que se esperaban en un primer momento”, completa. Para él, uno de los puntos fuertes es “la defensa constitucional que puede efectivamente hacerse sobre la viabilidad y conveniencia de instituir la vía previa obligatoria de Comisiones Médicas”.

Por el lado de las debilidades, los socios de Faragó & Corrales advierten cierta confusión en los Juzgados del Trabajo respecto a la interpretación de la reglamentación de la ley (Res. SRT 298/17). “Encontramos casos en que la apelación del dictamen de Comisión Médica no ha resultado ser la última instancia de revisión judicial, contrariando el sentido de la norma”, ejemplifica Andrés Faragó.

Si bien 9 de cada 10 casos que entran a Comisión Médica se resuelven en esa instancia, vale preguntarse si efectivamente todos los casos están siendo ingresados de inmediato en las Comisiones. “Es posible que haya casos que están siendo demorados por los abogados a la espera de una jurisprudencia más favorable, aunque esto pueda no parecer muy lógico. Un fallo adverso a la ley de la CSJN puede ser un golpe gravísimo al sistema”, advierte Sergio Alfonso, socio de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge.

Fernando Gestido, titular de Estudio Gestido, es el único abogado en este informe que sostiene una posición crítica sobre la reforma: “Es muy discutida y contiene serias falencias constitucionales. No respetan la división de Poderes al procurar el desarrollo del pleito en sede administrativa. Hay un rompimiento de la igualdad ante la ley, ya que el accidentado, por el hecho de ser trabajador, pierde el derecho de ir libremente a la justicia”.

 

INCONSTITUCIONALIDAD. Según los abogados, la Justicia en general viene acompañando estos cambios. Como señala Dabini, por ejemplo, la CSJN dictó recientemente fallos señeros al respecto en las causas Espósito, Marando y Fontana: “La Corte Nacional ha convalidado la tarifación y las fórmulas de cálculo del valor prestacional -ajuste por índice RIPTE incluido-, poniendo límites también a algunas arbitrariedades en materia de indemnizaciones civiles”.

Sin embargo, en estos primeros 18 meses, desde diversas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo han surgido planteos de inconstitucionalidad de esta norma, específicamente de los artículos 1° y 2°. Efectivamente hay grietas por las que se pueden colar objeciones.

“El acceso posterior a la justicia por vía de apelación -y no como juicio nuevo- es la más endeble de las disposiciones”, tal como señala Tallone. “La inconstitucionalidad señalada allí es realmente atendible, pues el acceso a la revisión judicial no es pleno, está pensado de un modo restringido. Difícilmente puedan las Cortes -Provinciales y Nacional- convalidar esto”, suma el abogado. Carlos Resio, otro de los socios de Tranmed y BR, coincide: “Existe el riesgo de declaración de inconstitucionalidad de las restricciones al acceso al proceso judicial. El procedimiento establece el acceso al control judicial por vía de apelación y no ejerciendo una acción amplia, lo que restringe argumentación y defensas.  Para minimizar dicho riesgo hay que garantizar un proceso de revisión amplio de las decisiones adoptadas en el procedimiento administrativo”.

Para Víctor Varone, titular de Iezzi & Varone, “la validez constitucional de establecer una instancia obligatoria, previa y excluyente, como condición para acceder a la Justicia, es el mayor riesgo que tiene esta ley de ser declarada inconstitucional”. Si bien parte del objetivo de la norma se está cumpliendo -reducir la cantidad de juicios-, lo cierto es que para muchos abogados resulta cuestionable en varios aspectos legales, “sobre todo en puntos específicos donde se han cometido idénticos errores que en sus leyes antecesoras”, tal como advierte Juan Ignacio Faragó, socio de Faragó & Corrales.

Sin embargo, Juan Miguel Trusso, del estudio Tallone, señala: “Eventualmente la CSJN puede llegar a cuestionar la validez constitucional de determinadas disposiciones de la ley 27.348, pero no sobre su totalidad, pues la Corte ya se ha expresado con anterioridad sobre las instancias administrativas previas que no atentan contra las garantías constitucionales cuando reúnen ciertos requisitos como los dispuestos en los fallos Fernández Arias y Obregón -por ejemplo, una revisión posterior judicial plena ante los jueces naturales-.”

Por su parte, Dabini está confiado en que el Supremo Tribunal respaldará la validez de la reforma: “No dudamos de la legalidad ni constitucionalidad del nuevo régimen de la ley 27.348”. Ignacio Villarroel, socio de López Saavedra & Villarroel, también es optimista: “La mayoría de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se están manifestando a favor de la constitucionalidad del sistema. Entendemos que llegará el momento en que la Corte Suprema también lo hará. El hecho de que cada provincia deba adherir a la ley nacional para que la misma sea aplicable en su territorio, salva el problema de constitucionalidad que tuvieron las Comisiones Médicas anteriormente. Hoy no hay argumentos para que la ley 27.348 sea declarada inconstitucional”.

Hay quienes tiene dudas. Por ejemplo, la expectativa de Norberto Pantanali, socio de Pantanali & Roffo, no es buena: “La reforma avanza con dificultad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde varios tribunales la han declarado inconstitucional, aun a pesar de la adhesión de su propia ley 14.997 -la que también fue declarada per se inconstitucional-. Y es que la redacción de la 27.348 es ciertamente confusa y se presta a variada interpretación”. Desde el punto de vista de Gestido, si bien hay razones para la inconstitucionalidad, una acción semejante no se ve como probable al menos por ahora: “El Poder Judicial se encuentra subordinado a los humores políticos de turno y, por el momento, la Justicia va a seguir acompañando la ley. No existen presiones políticas para lo contrario ni es un tema que interese por el momento a la opinión pública”.

Todos los abogados coinciden en que es fundamental contar con una pronta decisión de la CSJN, en un plazo más breve que el que se tomó el Poder Judicial para resolver la competencia de las Comisiones Médicas y los Juzgados Federales en el anterior sistema (casi 11 años).

En resumen, para los abogados de las aseguradoras el conflicto constitucional en ciertos aspectos de la reforma es evidente pero no prioritario. Para la mayoría, tiene más peso su viabilidad y efectividad. Como dice Juan Esteban Machado, socio de SMBO, “siendo pragmáticos y trazando una analogía con el recordado principio laborar de primacía de la realidad, lo cierto es que, en los hechos prácticos, mediante el sistema que fija la nueva ley los trabajadores pueden llegar a buenos acuerdos económicos en poco tiempo, y eso es lo que en definitiva verdaderamente importa al tiempo de pensar en la tutela de sus derechos”.

 

ÍTEMS FLOJOS. Los letrados consultados por Estrategas señalan varios ítems flojos en la operativización del nuevo régimen que necesitan ser resueltos para lograr y sostener el éxito que ya se esboza.

En primer lugar, comparten la visión de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sobre la necesidad de contar con Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Periciales que, en base a un criterio de valoración de incapacidades uniforme -mediante el uso del baremo del Decreto 659/96, de aplicación obligatoria en el marco de esta ley especial- permita el correcto aseguramiento de los Riesgos del Trabajo y la constitución de reservas por parte de las ART. Dabini advierte que “los logros pueden verse diluidos, e incluso puede provocarse un retroceso hacia la situación previa, si no se conforman y entran en funcionamiento los Cuerpos Médicos Forenses”.

Al mismo tiempo, los especialistas sostienen que todavía persiste un importante sector del magisterio que privilegia la libertad por parte de los peritos de recurrir a los baremos que ellos consideran adecuados para valorar cada caso concreto. “La dispersión de criterios, muchas veces acompañada por conclusiones dogmáticas de estos auxiliares de la justicia, atenta contra los principios que rigen el sistema especial”, apunta Melano Paz.

Otra de las dificultades señaladas por los abogados es la demorada adhesión a la nueva ley por parte de todas las provincias. Al cierre de esta edición se habían sumado solamente 14. “Si bien las Comisiones Médicas se encuentran operativas en sólo cuatro de esas jurisdicciones -CABA, Córdoba, Mendoza y Provincia de Buenos Aires-, vale señalar que se trata de las provincias con mayores índices de litigiosidad. Juntas representan el 82 por ciento de los reclamos judiciales de 2017. Afuera de esta lista sólo queda Santa Fe, que en 2017 se alzó con el 12 por ciento de la judicialidad del país”, puntualiza Dabini. La situación empeora para esta provincia: entre mayo y junio de este año se registró un aumento de la litigiosidad en torno a un 13%.

Al respecto, los socios de Estudio Mangialardi y de Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas hablan desde sus oficinas en Rosario. Juan Manuel Zeppa, asociado del segundo estudio, sostiene que, incluso si llegara a concretarse la adhesión, aún queda “un gran trabajo por delante para poder ejecutar el procedimiento” debido a la “falta de una estructura necesaria”. Eduardo Mangialardi confirma: “Si bien se está trabajando para llegar a la adhesión, el gran problema es la falta de Comisiones Médicas para la gran cantidad de trabajadores de esta provincia”. Florencia y Patricio Mangialardi se suman: “Por la extensión provincial, hoy es una odisea lograr la revisión del trabajador, quien, dependiendo de su lugar de residencia, tiene un largo trayecto para presentarse”.

La necesidad de contar con la cantidad suficiente de Comisiones Médicas no es exclusiva de Santa Fe; es una problemática en todo el país. “A nuestro criterio, como mínimo debería haber en todas las sedes jurisdiccionales donde exista un Juzgado Laboral. Eso daría por tierra la argumentada lejanía entre el lugar del trabajo, la ubicación de la Comisión y el tribunal respectivo”, explica Castillo.

Para la cámara que reúne a las ART, las alarmas se encienden en torno al stock judicial. Si bien se ha reducido sensiblemente el ingreso de causas, quedan aproximadamente 350 mil litigios pendientes que representan una contingencia de gran peso a la que deben hacer frente. Sobre este stock, Dabini subraya: “Es decisivo que la Justicia acompañe, no sólo en la conformación e implementación de los Cuerpos Médicos especializados, sino también imponiendo el uso obligatorio del baremo legal en todas las causas aún en trámite”. El letrado de Bulló remarca esta última cuestión porque las diferencias que se reflejan entre las incapacidades que se valúan a través de pericias judiciales respecto de aquellas valuadas por dictámenes de Comisión Médica (con uso obligatorio del baremo) alcanzan un promedio que supera los 15 puntos. “Si esta brecha se traslada al stock, las consecuencias económicas son claramente evidenciables, teniendo en cuenta que cada punto de incapacidad en el sistema tiene un piso superior a los 22 mil pesos”.

Fernando Corrales, socio de Faragó & Corrales, asume que es “prácticamente imposible” que las aseguradoras afronten en el corto plazo el impacto monetario de 350 mil juicios pendientes. “Existen posibilidades ciertas de liquidación de algunas ART, lo cual demuestra el serio problema que enfrenta el sistema”, completa el letrado. Y Castillo completa: “Respecto al stock, si no se regula un control respecto a los informes que los perito presenten, ajustados a los valores de ley, podemos volver a tener problemas en los balances y desajustes presupuestarios en el mercado. Cambiar un sistema enquistado desde hace mucho tiempo requiere de una decisión política. La reforma fue un comienzo; necesitamos profundizar el cambio”.

Salazar, Tallone y Alfonso cierran el capítulo Riesgos del Trabajo señalando otros aspectos que forman parte de la problemática judicial del ramo. El primero apunta a los accidentes in-itinere: “Una tarea pendiente es lograr una reducción de estos accidentes que son muy proclives al fraude. Hay que encontrarle una solución”. El segundo, por su parte, sostiene: “Hay tráfico de información que se da desde los mismos establecimientos laborales, donde por ejemplo un delegado gremial filtra información sobre los trabajadores siniestrados. También desde quienes tienen acceso a los listados globales de la Superintendencia, que son vendidos y revendidos”. El tercero, finalmente, agrega que los problemas en el ámbito judicial se relacionan no sólo con la extensión de las lesiones a indemnizar (porcentaje de incapacidad) sino también, y muy especialmente, con la determinación de la naturaleza laboral de las enfermedades excluidas del listado de la ley, que igualmente motivan muchos reclamos. “Los problemas del sistema se derivan más de las fallas estructurales en la administración de justicia que en defectos de técnica legislativa”, concluye.

 

ROJO VIVO. A marzo de 2018, se registraban unos 200 mil juicios en el ramo Automotores, con un crecimiento en la cantidad de expedientes del 2,55% en un año. Casi la totalidad de los casos son iniciados por terceros damnificados y están vinculados a siniestros que involucran lesiones o muertes. La RC Automotores sigue siendo un brutal dolor de cabeza para las compañías de seguros.

Juan de Iriondo, titular de De Iriondo y Asociados repasa una vez más los principales focos del conflicto que, si bien no son exclusivos de este ramo, lo ponen al rojo vivo: “Las dificultades se relacionan con los porcentajes de incapacidad que fijan los peritos médicos en determinadas jurisdicciones, la escala de honorarios de los mediadores en la provincia de Buenos Aires, la elevada carga de la tasa de interés cuando se alargan los procesos judiciales, los cada vez más altos montos de condena, y la siempre complicada recepción judicial de las causales de exclusión de cobertura”.

Victoria Tambussi, gerente de Legales del Estudio Santamarina comparte la preocupación por las tasas de intereses: “No hay una manera objetiva de poder establecer de antemano qué tasa resultará aplicable. En juicios civiles por accidentes de automóviles, que duran en promedio cinco años, las tasas pueden variar del 8 al 25 por ciento anual. La tasa activa triplica la pasiva; la tasa aplicable puede triplicar la sentencia. Esta situación genera serios inconvenientes en materia de reserva”.

Daniel Russo, socio de Bulló, hace foco en la tristemente célebre disparidad de criterios judiciales: “A pesar de que la CSJN ha reiterado la validez de la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro, los jueces de instancias inferiores continúan resolviendo en contra de dichos principios”. Este último año, además, se han dado fallos contradictorios en lo que hace a la aplicación de tasas de interés, tanto en la jurisdicción nacional como en la provincia de Buenos Aires. “Mientras algunos tribunales fallan a valores actuales más una tasa del 8 por ciento anual, existen pronunciamiento que, sin fundamento alguno, condenan a pagar hasta el doble de la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de vigencia del Código Civil y Comercial”, ilustra Russo y dispara: “No es posible que la valuación de un daño en una Sala difiera hasta en un 50 por ciento dependiendo de la tasa que se aplique”.

Blasco concuerda: “Continúa habiendo fallos que persiguen la extensión de la responsabilidad más allá del contrato y otros que han planteado la aplicación de procedimientos de indexación. Sin embargo, la CSJN sigue ratificando la aplicación, tanto a asegurados como a terceros, de las condiciones contractuales de la póliza de seguro, descartando la extensión de la responsabilidad más allá de los términos del contrato que cierta jurisprudencia impulsaba invocando la función social del seguro y la aplicación de normas de Derecho de Consumidor”. Es por eso que, para él, no se observan en este punto conflictos jurídicos relevantes.

Otros letrados apuntan, justamente, a la ley de Defensa del Consumidor -y también al Código Civil y Comercial de la Nación- como parte del problema. Martín Pirota, socio de Estudio Pirota, por ejemplo, advierte que algunos tribunales desconocen las exclusiones y los límites de cobertura, “en clara violación a los límites económicos del contrato de seguro y a su técnica y cálculos actuariales”, y sostiene: “Para hacer esto, recurren a la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor, sobre todo en temas puntuales como la competencia, la ampliación de la llamada relación de consumo y del plazo de prescripción, las cláusulas abusivas y la cada vez mayor aplicación de los daños punitivos. Insisten en todo esto a pesar de los lineamientos en resguardo de las cláusulas contractuales expuestos por la Corte Suprema”.

Por su parte, Diego Manfredi, titular de Manfredi & Asoc., remarca los elevados montos de sentencia que algunos jueces están fijando (rubros lesiones y muertes) en distintas jurisdicciones como Gran Buenos Aires y CABA: “Aplican el art. 1746 del nuevo Código Civil y Comercial que los remite a la formula Vuoto o Méndez que tiene en cuenta la edad del lesionado y sus ingresos, lo que incrementa las indemnizaciones. Esto genera cierto atractivo en los letrados reclamantes”. Recordemos que el artículo citado del CCCN indica, entre otras cosas, que, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. (ver recuadro aparte)

Otros de los abogados consultados en este informe, además, perciben que RC Automotores está recibiendo judicialidad extra que migra desde Riesgos del Trabajo. Parece que el delito asociado a la industria del juicio no se detiene, se muda. “Existe una migración de industriosos del Fuero Laboral al Civil. Eso pasa porque, por un lado, se limita el litigio laboral, y por otro, las altas sumas de indemnización laboral traccionan hacia arriba las indemnizaciones civiles”, explica Salazar y agrega: “En RC la litigiosidad se mantiene alta, e incluso aumentó, también debido a la alta inflación, lo que genera una enorme dificultad para acordar indemnizaciones adecuadas. Una misma lesión no vale hoy lo mismo que hace seis meses”.

Diego Grin Bonomo, titular de Grin Bonomo & Asociados, coincide: “En RC se nota un acortamiento de los plazos para el pase a la siguiente instancia (de extrajudicial a mediación y de mediación a juicio) y también las diferencias producto de la inflación cuando se hace un ofrecimiento, que siempre resulta insuficiente frente al valor actualizado de la reparación del vehículo”. Pantanali se suma: “La influencia nefasta de la inflación obviamente perjudica el panorama; lógicamente se ve reflejada en las valoraciones judiciales”.

Debido a este flagelo, para Resio la insuficiencia de la suma asegurada máxima para la cobertura de Responsabilidad Civil es notoria: “El desfasaje de la economía, la aplicación de fórmulas actuariales para el cálculo de las indemnizaciones y la elevación de los costos de atención médica en grandes siniestros, hacen que la suma de 6 millones de pesos sea insuficiente para atender reclamaciones civiles -considera y apunta-; tal vez sería conveniente establecer criterios de actualización automática de dichas sumas, similar al mecanismo existente en Chile”.

De Iriondo entiende que, cuando se trata de accidentes de tránsito, varias aseguradoras ofrecen poco a los terceros en instancias administrativas: “Sin embargo -intercede-, muchas otras entran en un proceso de negociación buscando obtener mejores resultados con el foco puesto en evitar instancias posteriores que son más costosas. No pagan cualquier importe, sino que dejan avanzar sólo aquellos siniestros donde la pretensión del abogado reclamante sale de los parámetros prefijados por su baremo”.

Y hablando de abogados reclamantes, Martín Argañaraz Luque, socio de Allende & Brea, apunta un problema extra: “La industria judicial en cabeza de los abogados denominados bolseros tiene claro que se obtendrá una mayor indemnización y, por ende, mayores honorarios, si se inician juicios en lugar de conciliar esos reclamos por vía administrativa o prejudicial”. Joaquín Sarmiento Laspiur, abogado asociado del mismo estudio, reconoce que, a los fines de atacar esta problemática, las compañías de seguros suelen realizar “campañas de cierres masivas” una o dos veces al año: “Con estas políticas agresivas de cierres, las aseguradoras suelen bajar notablemente su pasivo contingente”.

“Frente a los reclamos, las compañías están velando por actuar, además de correcto, de inmediato”, en palabras de Nicolás Mari, socio de Anselmi SRI. “Cada vez es más habitual que un gerente de Siniestros tenga a su cargo, además, la cartera extrajudicial y de juicios. Además, se dan capacitaciones conjuntas a Siniestros y otros sectores como call center, productores, sucursales, con el objetivo de establecer qué datos se deben relevar en las denuncias para lograr una efectiva intercepción para el supuesto que haya que responsabilidad de parte del asegurado. Las compañías no esperan más a que llegue el reclamo del tercero; salen a buscarlo a fin de desalentar la intervención de algún abogado y evitar que la situación escale a mediación”, sostiene. Para Mari, al igual que para muchos de sus colegas, “un tercero bien atendido es un potencial cliente”.

Grin Bonomo señala que, con el mismo objetivo de evitar la judicialización, las aseguradoras permiten que los abogados de los terceros y/o los mediadores presenten reclamos en forma extrajudicial o express, evitando así la inclusión del caso en el Registro de Actuaciones Judiciales y la constitución de la reserva correspondiente. “En muchos casos, además, hasta reconocen porcentajes de honorarios superiores para los casos que se presentan por esa modalidad”, completa.

En materia de accidentes de tránsito, todo es posible. Por eso, Claudio Geller, socio de Estudio Geller siempre recomienda profundizar más la relación con el asegurado y confrontar la información que brinda con la versión del tercero para evaluar más precisamente la responsabilidad de las partes. “No hay que guiarse sólo por la interpretación rigurosa de la normativa de tránsito. No hay dos siniestros iguales ni en todos los casos la existencia de testigos define la cuestión”, advierte.

 

BUENA GESTIÓN. Gestionar adecuadamente la cartera judicial es clave para intentar mantener saludable la economía de las aseguradoras.

Los abogados consultados en este informe acuerdan en afirmar que se evidencia cada vez más una política agresiva por parte de las compañías para tratar de cerrar reclamos en instancia prejudicial, incluso atacando los siniestros velozmente, apenas ocurren, con el objetivo de disminuir las chances de que se conviertan en pleitos que siempre son más onerosos.

Tambussi dispara: “La rapidez en la atención de los siniestros es la clave. Hay que salir a interceptar a los terceros damnificados para conciliar con ellos”. Lucia Balbín, también de Estudio Santamarina, agrega: “Estas medidas evitan fraudes y costos mayores en el proceso de liquidación de un siniestro, sea o no con lesiones”.

En este mismo sentido, según Grin Bonomo, “algunas aseguradoras incluso han mejorado los procesos de negociación de siniestros incorporando tecnología y digitalizando muchos de los procesos”. Mangialardi confirma y destaca que “las aseguradoras están implementando sistemas de reclamos web que fueron recibidos con buenos ojos” aunque advierte, por otro lado, que “hay varias críticas sobre la cantidad de información que se puede subir a los mismos”. La eficiencia que irá aportando la transformación digital sin dudas colaborará con el objetivo de evitar los Tribunales.

En el marco de esta “marcada política conciliatoria”, como apunta Juan Carlos Etchebehere, socio de Nicholson y Cano, “hay compañías que realizan controles internos y antifraudes para evitar que se inicien reclamos improcedentes”.

Las aseguradoras con las que trabaja López Saavedra & Villarroel están muy enfocadas en reducir fuertemente el stock de juicios, “y no sólo en la instancia judicial sino, sobre todo, trabajando desde el comienzo mismo de los siniestros”, según explica Villarroel. “La transacción rápida y racional es prioridad y elemento distintivo de varias importantes aseguradoras del mercado”, agrega.

La idea que se plantean entre los letrados parece revalidar el dicho que reza siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Porque siempre es más barato tranzar que ir a Tribunales. Los números lo confirman.

Claramente es difícil generalizar. “La disparidad de valores es tan grande que es un buen reflejo de la disparidad de criterios en general”, como apunta Alfonso. “La situación económica del país ha provocado una pérdida de referencia sobre el valor del punto de incapacidad. Hay mucha dispersión, lo que te obliga a afinar el análisis adecuándolo a cada caso concreto”, resumen Resio.

Sin embargo, hay claridad respecto de los promedios. “En instancia extrajudicial, según cuál sea la aseguradora, el punto se paga entre 4.000 y 7.000 pesos. En mediación, algunas compañías pagan 7.000 y otras 11.000. Y en juicio, dependiendo de la jurisdicción, los jueces pueden llegar a determinar en sentencia que el punto de incapacidad valga entre 20.000 y 25.000 pesos”, ilustra Manfredi en coincidencia con los promedios que señalan el resto de sus colegas, pesos más, pesos menos.

Como se desprende de su comentario, además de la instancia, lo que ajusta para arriba o para abajo el valor del punto de incapacidad es el lugar del mapa en donde te encuentres. “El valor del punto de incapacidad en juicio varía mucho de acuerdo con la jurisdicción en la que se tramita el juicio. Las jurisdicciones más caras en el Gran Buenos Aires actualmente son Morón y La Plata”, acusa Federico Vidal Raffo, de Armando, Esnaola & Vidal Raffo. Muchos dedos señalan a Morón como la más cara, aunque también mal luce Lomas de Zamora.

La mayoría de los letrados coincide en que las aseguradoras, sobre todo las principales del mercado, tienen una política agresiva en atacar los siniestros de manera rápida y efectiva para no llegar a instancia judicial: “Por lo general, las aseguradoras más grandes desarrollan políticas transaccionales más agresivas”, confirma Resio. Pablo Cereijido y Elías Bestani, socios de Marval, O’Farrell & Mairal, añaden en concordancia: “Observamos que, en general, las principales compañías del mercado han tenido una gestión agresiva de sus carteras y han disminuido en términos absolutos el número de casos abiertos. En Marval, O’Farrell & Mairal generalmente recomendamos a las compañías tratar de negociar los casos en los que la posición del cliente es más débil para evitar que los reclamos en curso se vuelvan más onerosos”. También los clientes con los que trabaja SMBO tienen una clara y definida estrategia de conciliación “de aquellos siniestros donde la responsabilidad del asegurado puede encontrarse comprometida”, como evidencia su socio Javier Santamaría.

Los juicios, además de ser más caros, implican la constitución de reservas. El hecho de tener un stock monumental sobre las espaldas les quita a las aseguradoras recursos que podrían ser destinados a otras cuestiones inherentes a la actividad. Así lo señala Argañaraz Luque para el ramo Automotores: “El incremento en la litigiosidad repercute directamente en las cuentas de las compañías de seguros ya que, a mayor número de juicios, mayor es el pasivo contingente y mayores son las reservas que deben efectuar por cada uno de esos reclamos judiciales”. Lo mismo aplica para Riesgos del Trabajo. En palabras de Blasco, “la conducta más razonable para lidiar con el stock y con la evolución de las nuevas reclamaciones es una política transaccional que mejore el flujo de casos terminados y disminuyan los stocks, de modo que permita liberar reservas”.

Si bien “los criterios de oportunidad y conveniencia para cerrar casos están sujetos a los vaivenes económicos (inversiones, tasas de interés, etc.)” -como bien señala Pirota-, en general los abogados consultados por Estrategas aconsejan a sus compañías clientes encarar los siniestros en forma prematura para evitar que se judicialicen los reclamos. Coinciden en que una acción rápida frente al siniestro demuestra preocupación e interés y que eso es muy bien recibido por los terceros, lo que en general los predispone para alcanzar un acuerdo en etapa administrativa. “Somos partidarios de un mercado proactivo en materia del tratamiento de los reclamos. Toda acción tendiente a ese fin es reconocida por los damnificados y brinda beneficios concretos a las compañías. Pero la agresividad debe apuntar a acortar los tiempos y a hacer propuestas razonables. De lo contrario, se alienta al damnificado a acudir a instancias superiores”, advierte Geller. Javier Santiere, socio de Bulló, adhiere a la idea de que las aseguradoras han asumido desde hace tiempo políticas transaccionales proactivas y constantes en todas las etapas de un caso. “Nuestra recomendación es sostener tales políticas en los asuntos que ameritan tal solución”, subraya.

Muchos actores del mercado trabajan activamente para disipar esa errada idea de que las aseguradoras no pagan que sigue instalada en la mente de una parte de la sociedad. Pero no todos. Hay aseguradoras que prefieren mandar todo a juicio y después vemos. De Iriondo se muestra abiertamente en contra de esa postura: “Mandar todo a juicio es totalmente suicida; no hay tarifa técnica ni resultado financiero que pueda compensar el impacto de pagar sus siniestros de Responsabilidad Civil a valores judiciales o de sentencia”. En el mismo sentido, Salazar exclama: “Cerrar, cerrar y cerrar. Esa es la única política prudente de una aseguradora y es lo que se debe recomendar”.

Cereijido y Bestani cierran el suplemento con una preocupación: Las acciones colectivas que se vienen interponiendo tanto a Patrimoniales como en Vida: “Las asociaciones de consumidores -muchas veces de dudosa legitimación- están muy activas y cuestionan prácticas, condiciones contractuales y técnicas históricamente utilizadas. Estas acciones colectivas avanzaron y próximamente empezaremos a ver las primeras sentencias de relevancia. Atento a ello, en algunos casos se está negociando activamente para tratar de alcanzar acuerdos transaccionales que puedan ser homologados por los jueces, con el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal”, comparten los socios de Marval, O’Farrell & Mairal.

 

Eliana Carelli

 

 

Primeros impactos del Código Civil y Comercial vigente desde 2015

 

Los abogados que trabajan para las aseguradoras empiezan a percibir los primeros impactos que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), vigente desde el 1º de agosto de 2015, tiene sobre los contratos de seguros cuando llegan a instancia judicial.

En general no se vislumbran grandes cambios ni problemas serios. Para la mayoría, todo marcha normal. Ignacio Villarroel, socio del estudio López Saavedra & Villarroel Abogados, lo confirma: “Por el momento no se visualizan grandes inconvenientes. El nuevo Código Civil no modifica directamente la ley de Seguros, y ese dato es positivo”. Por su parte, y siguiendo la misma línea, Patricio Petersen, socio de Tallone Abogados, afirma: “No notamos grandes cambios, por lo menos en lo que refiere a la Responsabilidad Civil. El nuevo Código ha venido a plasmar lo que en definitiva ya se sostenía en la doctrina y jurisprudencia nacional”.

Santiago Ongay, socio de Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas, Abogados, tiene una visión positiva sobre la aplicación del CCCN: “Avanza muy bien la transición. Los jueces tienen un rol más activo, sobre todo a la hora de valorar las pruebas aportadas, con un criterio mucho más objetivo que en años anteriores, respecto a la acreditación del hecho y los factores de atribución de responsabilidad”.

En 2015, el nuevo Código trajo incertidumbre. No eran pocos los abogados que preveían el advenimiento de perjuicios para las aseguradoras de la mano de la posible generación de nuevos criterios judiciales adversos. No obstante, Daniel Salazar, socio del Estudio Salazar & Álvarez Riera, da por tierra los fantasmas: “Los muchos malos augurios sobre las consecuencias de la aplicación del Código Civil y Comercial Unificado no se han cumplido”.

 

FÓRMULA. La estructura de los fallos, los ejes de imputación de responsabilidad y la valoración de las indemnizaciones no registran grandes innovaciones. Pero, como dice Carlos Vitagliano, socio de Estudio Tranmed y BR Abogados, “tibiamente, algunos tribunales comienzan a dejar registro de la utilización de fórmulas para el cálculo de las indemnizaciones”. Juan Carlos Etchebehere, socio de Nicholson y Cano, valida con más énfasis: “Desde la sanción del Código Civil y Comercial se ve un incremento de fallos con aplicación de fórmula matemática para fijar la indemnización”.

Ciertamente, entre los abogados consultados se repiten comentarios sobre algunos artículos en particular que están empezando a aparecer en las consideraciones de algunos jueces y sus fallos. El más resonado es el artículo 1.746 del CCCN. Por ejemplo, Fernando Gestido, titular del Estudio Gestido, advierte: “El Código modifica el concepto de indemnización por lesiones corporales en su artículo 1.746, y los juzgados lo están leyendo como la forma de establecer una fórmula matemática que permita indemnizar a los reclamantes con el monto que dejarán de percibir de por vida. Están utilizando la fórmula del Dr. Hugo Acciardi en su obra ‘Elementos del análisis económico del derecho de daños’ (Ed. Thomson Reuters, La Ley, ed. 2015, pág. 275). Sin dudas, este cálculo indemnizatorio es mucho más gravoso que el anterior, especialmente en personas jóvenes, con muchos años laborales por delante”.

Pablo Cereijido, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, sostiene que persiste la incertidumbre sobre la posibilidad de utilizar fórmulas matemáticas para determinar la extensión de la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica: “Si bien el artículo 1.746 del CCCN establece que la incapacidad debe ser evaluada mediante la determinación de un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado y que se agote en el término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, no existe un criterio unificado respecto de si los jueces deben utilizar alguna fórmula matemática o actuarial específica, ni si deben utilizarse o no. Esta falta de previsibilidad dificulta no sólo la negociación del reclamo en etapas anteriores a la judicial, sino también a la valuación de los potenciales costos a los que están expuestas las aseguradoras”. Como si no hubiéramos tenido ya bastantes problemas con la disparidad de criterios a la hora de calcular los daños, Mariano Caia, socio de Estudio SMBO, remarca: “En la actualidad existen dos criterios de valoración económica del daño: el basado en la aplicación de fórmula, y el tradicional método de apreciación judicial donde priman las facultades discrecionales del Juez. El problema se presenta, entonces, con la creciente disparidad de criterios que se da en las diferentes instancias y en las distintas jurisdicciones”.

Otro artículo que amerita comentarios es el 1.744 que versa sobre la acreditación del daño. Al respecto, Gestido dice: “El nuevo Código pone en cabeza de los jueces la obligación de la reparación del daño de manera integral, y morigera la exigencia sobre la prueba. Indica que se debe indemnizar los daños que sean notorios, aunque no probados. Un muy reciente fallo de la Sala Comercial E indemnizó a la empresa reclamante por el rubro lucro cesante que no fue acreditado”. Habrá que estar atentos a estas cuestiones.

Como queda en evidencia, están empezando a asomar los primeros fallos vinculados a seguros que aluden a ítems del CCCN. Los tiempos judiciales son largos y tomará todavía algunos años más poder saber hacia dónde van a apuntar los magistrados, qué jurisprudencia se sentará y en qué aspectos se unirán los criterios, si es que eso finalmente ocurre.

 

 

 

Estudios jurídicos consultados para este informe

 

ALLENDE & BREA

Socios: Martín Argañaraz Luque, Valeriano Guevara Lynch, Santiago Sturla, Carlos Melhem, Julián Peña, Diego Botana, David Gurfinkel, E. Cristián Fox, Raúl Fratantoni, Jorge Mayora, Pablo Palazzi, Florencia Heredia, María Rosa Villegas Arévalo, Juan Martín Allende, María Morena Del Río, Nicolás Grandi, Laura Santanatoglia y Marcos Patrón Costas.

Socios en área Seguros: Argañaraz Luque.

Especialización: Seguros, Reaseguros, Societario, Impuestos, Laboral, Marcas y Patentes, Defensa de la Competencia, Ambiental, Recursos Naturales, Mercado de Capitales, entre otras.

Instancias: Mediación, juicios y asesoramiento corporativo y regulatorio de seguros y reaseguros.

Estructura: 18 socios, 100 abogados y empleados. Corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina, Galicia Seguros, La Meridional, MetLife, Zurich-QBE, Chubb Argentina, Mercantil Andina, entre otras.

 

ANSELMI SRI

Socios: Sebastián Anselmi, José Luis Anselmi y Nicolás Mari. Todos en el área Seguros.

Instancias: Extrajudicial y mediación.

 

ARMANDO, ESNAOLA & VIDAL RAFFO

Socios: Germán Armando, Eduardo Esnaola, Federico Vidal Raffo, Martín Melano Paz, Lorena Etcheverry y Martín De Elía Cavanagh. Todos en el área Seguros.

Especialización: Seguros Patrimoniales en general y Riesgos del Trabajo, Derecho Civil y Comercial.

Instancias: Mediación y juicio.

Estructura: 6 socios, más 12 abogados y 20 empleados administrativos. Corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Seguros Sura, SMG Seguros, Allianz Argentina, Chubb Argentina, La Holando Sudamericana, Nación Seguros, Zurich Argentina, SMG ART y Horizonte ART.        

 

BULLÓ ABOGADOS

Socios: Carlos Estebenet, Guillermo Lipera, Gustavo Torassa, Gastón Gómez Buquerín, Carlos Marín Rodríguez, Javier Santiere, Daniel Guffanti, Daniel Russo, Pablo Balancini, Gonzalo Dabini, Marcelo Pérez, Esteban Gramblicka y Diego Alonso.

Socios en área Seguros: Estebenet, Lipera, Marín Rodríguez, Santiere, Guffanti, Russo y Dabini.

Especialización: Acciones de clase y otros litigios complejos. Administrativo y de la regulación económica. Bancario y financiero. Corporativo. Defensa del consumidor. Fusiones y adquisiciones. Laboral. Litigios. Mercado de capitales. Seguros y Reaseguros. Telecomunicaciones y Tecnología. Tributario.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

 

CASTILLO & ESTÉVEZ ABOGADOS

Socios: Rodrigo Castillo y Alejo Estévez. Ambos en el área Seguros.

Especialización: Seguros y Reaseguros, Riesgos del Trabajo, Atención de casos en extrajudicial y judicial, Defensa del consumidor, Defensa de Acciones Colectivas, Derecho Aduanero y Asesoramiento Integral.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 2 socios, 4 abogados y 7 empleados. Corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Seguros Sura, La Caja, Chubb Argentina, Zurich-QBE y La Nueva Seguros.

 

DE IRIONDO Y ASOCIADOS

Socios: Juan de Iriondo.

Especialización: Seguros Patrimoniales.

Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio y responsabilidad civil comprensiva.

Estructura: 26 personas entre abogados, procuradores, liquidadores y empleados administrativos. 12 corresponsales en el interior del país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Seguros, Colón Seguros, Hannover, Intégrity Seguros, La Caja, Nación Seguros, Providencia, Provincia Seguros, Sancor Seguros y Zurich-QBE.

 

ESTUDIO FARAGÓ & CORRALES ABOGADOS

Socios: Andrés Faragó, Juan Ignacio Faragó y Fernando Corrales. Todos en el área Seguros.

Especialización: Seguros, Comercial, Laboral y Administrativo.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 3 socios, 12 abogados y 12 administrativos. Corresponsales en CABA, San Isidro, Pilar, Lomas de Zamora, Quilmes, Zárate, Campana, Avellaneda y Lanús.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Prevención ART, La Segunda ART, Experta ART y Asociart ART.

 

ESTUDIO GELLER

Socios: Claudio Geller y Dominique Geller.

Especialización: Derecho de Daños y Seguros.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 14 empleados. Corresponsales en Argentina y en países limítrofes.

 

ESTUDIO GESTIDO

Socios: Fernando Gestido.

Especialización e instancias: Atención a compañías de seguros en todos los ramos e instancias, incluido defensa al consumidor.

Estructura: 13 empleados. 24 corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Meridional, Mercantil Andina y Seguros Sura.

 

ESTUDIO JURÍDICO NOTARIAL PIROTA & ASOCIADOS

Socios: José Hernando Pirota, Martín Pirota y Valeria Pirota. Todos en el área Seguros.

Especialización: Siniestros viales. Asesoramiento integral a compañías de seguros y de Riesgos del Trabajo. Responsabilidad de los profesionales. Daños a usuarios y consumidores.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 3 socios. 2 empleados. 25 corresponsales en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y CABA.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina, La Caja, Cardif,  Mercantil Andina, Copan Seguros, Evolución Seguros, La Meridional, Orígenes, MetLife, Río Uruguay Seguros, San Cristóbal Seguros, Segurcoop Seguros, Seguros Sura, SMG Seguros, SMG ART y Swiss Medical.

 

ESTUDIO MANFREDI & ASOC.

Socios: Diego Manfredi y Martín Anoni.

Socios en área Seguros: Manfredi.

Especialización: Derecho de Seguros. Asesoramiento de Empresas. Contratos. Defensa del Consumidor. Prevención de Lavado de dinero. Laboral. Otras.

Instancias: Extrajudicial y mediación.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina e Intégrity Seguros.

 

ESTUDIO MANGIALARDI Y ASOCIADOS, ABOGADOS

Socios: Eduardo Mangialardi, Florencia Mangialardi, Patricio Mangialardi y María Julia Quattrocchi.

Socios en área Seguros: Eduardo Mangialardi, Florencia Mangialardi y Patricio Mangialardi.

Especialización: Derecho del Seguro, Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Societario.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 4 socios, 5 juniors, 2 administrativos y un paralegal. Corresponsales en toda la provincia de Santa Fe y en todo el país. Red de estudios jurídicos a nivel mundial con llegada a todos los continentes.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Triunfo, El Progreso, El Surco, Providencia, Zurich Argentina y Generali.

 

ESTUDIO PANTANALI & ROFFO

Socios: Norberto Pantanali, María Pantanali y Miguel Roffo.

Especialización: Seguros y Riesgos del Trabajo.

Instancias: Mediación y juicio.

 

ESTUDIO SALAZAR & ÁLVAREZ RIERA

Socios: Daniel Salazar y Sebastián Álvarez Riera.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Victoria Seguros, Prevención ART, Crédito y Caución y ADEAA.

 

ESTUDIO SANTAMARINA, PERITAJES Y LIQUIDACIONES DE SEGUROS

Socios en área Seguros: Raúl Santamarina, Julián Santamarina y Solange Santamarina (Directores).

Especialización: Responsabilidad Civil, Riesgos Varios, Corporativos, Combinado Familiar, Riesgos del Trabajo, Transporte y Aeronavegación.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicios.

Estructura: Sucursales propias en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Caja, San Cristóbal, La Segunda Seguros, Sancor Seguros, Providencia, Galeno Seguros, Nación Seguros, SMG Seguros, Mapfre., Chubb Argentina, Río Uruguay Seguros, Seguros Rivadavia, Allianz Argentina, Zurich Argentina, La Holando y reaseguradores internacionales.

 

ESTUDIO SMBO

Socios: Juan Machado, Javier Santamaría, Mariano Caia. Todos en el área Seguros.

Especialización: Seguros, Reaseguros, Riegos del Trabajo, Responsabilidad Civil, Derecho Laboral y Derecho del Consumo.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 3 socios, 3 asociados y 25 empleados.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Federación Patronal, Allianz Argentina, Berkley, Seguros Sura, Zurich Argentina, HDI, Segurcoop Seguros, Mercantil Andina, y Río Uruguay Seguros.

 

ESTUDIO TRANMED Y BR ABOGADOS

Socios: Carlos Resio, Cesar Blasco y Carlos Vitagliano.

Socios en área Seguros: Resio y Blasco.

Especialización: Derecho del Seguro y Derecho Civil.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 3 socios, 22 abogados y 30 administrativos. Corresponsales en Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Bahía Blanca, Neuquén, Río Negro, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Tierra del Fuego, Mar del Plata, Azul, Carlos Casares, Puerto Madryn, Viedma, Corrientes y Misiones.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Caja, La Caja Seguros de Vida, Provincia Seguros, Nación Seguros, Zurich Argentina, Sancor Seguros, Intégrity, Berkley, Segurcoop Seguros, Provincia ART, Galeno ART y SMG ART.

 

GRIN BONOMO & ASOCIADOS - ABOGADOS

Socios en área Seguros: Diego Grin Bonomo.

Especialización: Gestión extrajudicial de siniestros de Casualty (Diego Grin Bonomo) Gestión de mediaciones (Pablo Russo) Consultoría (Diego Grin Bonomo) Derecho Empresarial y Recupero de Créditos (Daniel Palmáz) Verificación de siniestros de ART y de Accidentes Personales (Carolina Guillermón).

Instancias: Especialización en prevención de litigios, gestión extrajudicial y mediación. Consultoría en evaluación, diagnóstico y negociación de carteras judiciales.

Estructura: 8 abogados, 1 licenciado en RR.II. y 4 administrativos. Personal de campo en GBA: 10 personas. Corresponsales en las principales plazas judiciales de la provincia de Buenos Aires e interior del país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Asociart ART, Caledonia, Intégrity Seguros, Omint, Prevención ART, Sancor Seguros, Seguros Sura, SMG Seguros y Zurich Argentina.

 

IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS

Socios: Gabriel Iezzi y Víctor Varone.

Responsables del área Seguros: Ana Laura Palmucci, Carolina Álvarez Di Pietro, Natalia Saiz y Gonzalo Iezzi.

Especialización: Siniestros Automotor y Riesgos del Trabajo. Multas de tránsito. Asesoramiento legal empresarial y derecho penal.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 2 socios y 25 empleados entre abogados, administrativos, investigadores y corresponsales.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Provincia Seguros, Allianz Argentina, La Segunda, La Meridional, La Caja, HDI, Zurich Argentina, Sancor Seguros, Caledonia, San Cristóbal, Victoria, Omint, Asociart ART, Experta ART y SMG.

 

LÓPEZ SAAVEDRA & VILLARROEL ABOGADOS

Socios: Domingo López Saavedra, Mariano López Saavedra, Diego López Saavedra, e Ignacio Villarroel. Todos en el Área Seguros.

Especialización: Seguros y reaseguros. Riesgos del Trabajo. Asesoramiento integral. Defensa y atención de casos extrajudiciales y judiciales.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: 4 socios, 20 abogados, 25 paralegales y colaboradores. Corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Experta ART, Seguros Sura, La Meridional, Chubb Argentina, Intégrity Seguros, ACE, Allianz Argentina, Generali, La Holando Sudamericana, Boston, IRB, XL, Provincia, Nación, Sancor, Prevención ART, La Holando ART, SMG Seguros, Zurich Argentina, La Caja, Asociart ART, Paraná Seguros, entre otras.

 

MARVAL, O’FARRELL & MAIRAL

Socios: 60 socios.

Socios en área Seguros: Pablo Cereijido y Elías Bestani.

Especialización: Full service. Derecho empresarial.

Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio.

 

NICHOLSON Y CANO ABOGADOS

Socios: Santiago María Nicholson, Juan Carlos Etchebehere, Marcelo Villegas, María Fraguas, Santiago Mollard, Luis Bullrich, Mariana Rawson Paz, Juan Antonio Nicholson (h), Mario Kenny, Miguel Blaquier, Hernán Zavalía Lagos, Emiliano Silva, Horacio Payá, Lucas Piaggio, Agustín Pérez Cambiasso, Francisco Muruzeta, Nicolas Perkins, Pablo Venarotti, Marcela Anchava, Naldo Fabián Dasso, María Victoria Duarte Inchausti, Marcelo Lamesa, Juan Manuel Sampietro, Alfredo Vítolo, Marcela Botta, Eduardo Koch, Mariana Guzian y Gonzalo Esses.

Socios en área Seguros: Fraguas, Etchebehere y Botta.

Coordinadores: Renata Pereira Pizzini, Carlos Gorostiaga y Ezequiel Marcos.

Especialización: Además de Seguros: Bancos y Finanzas, Administrativo, Comercial, Penal, Laboral, Litigios, Ambiental, Real Estate, Impuestos y Comercio internacional.

Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

Estructura: Total en el estudio: 250. En el área Seguros: 55 (socios, asociados, abogados, procuradores y personal administrativo).

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: En Patrimoniales: La Caja, Provincia Seguros, Zurich-QBE, SMG Seguros, Seguros Sura, Allianz Argentina, ACE y Cardif. En Riesgos del Trabajo: Asociart ART, Experta ART y SMG ART. En Vida: HSBC NYL, Prudential, Assurant, Consolidar, Cardif y Galicia Seguros.

 

ROMERA, ONGAY, ROMANO, CASTELLANI & FIGUEROA CASAS, ABOGADOS

Socios: Oscar Romera, Santiago Ongay, Alberto Romano, Horacio Castellani y Pedro Figueroa Casas.

Asociados: Juan Manuel Zeppa, Damián Moriconi y Victoria Vidour.

Especialización: Civil y Comercial, Seguros y Derecho Empresarial.

Instancias: Mediación y juicio.

Estructura: 5 socios, 3 asociados, 15 abogados.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Mapfre, Allianz Argentina, Seguros Sura, La Equitativa del Plata, Intégrity, Testimonio Seguros, Nación Seguros, Boston Seguros y Zurich-QBE.

 

SILVA ORTIZ, ALFONSO, PAVIC & LOUGE

Socios: Diego Silva Ortiz, Sergio Alfonso, Pablo Pavic y Adrián Louge. Todos en el área del Seguro.

Especialización: Seguros. Derecho Bancario. Derecho Laboral. Recuperos.

Instancias: Extrajudicial, mediación, judicial, recuperos, asesoramiento, reaseguros, marítimo.

Estructura: 4 socios y 130 empleados. Corresponsales en todo el país.

Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Caja, Zurich Argentina, Allianz Argentina, Provincia Seguros, Experta ART, Nación Seguros, Berkley ART, Provincia ART, Intégrity Seguros, BBVA Seguros, Orígenes Seguros de Retiro, y otras.

 

TALLONE ABOGADOS

Socios: Federico Tallone, Patricio Petersen y Juan Trusso. Todos en el área Seguros.

Especialización: Seguros y Reaseguros. Derecho Comercial. Derecho Marítimo. Arbitraje.

Estructura: 3 socios. 81 empleados. Corresponsales en todo el país. Exterior: Londres.
Publicado el 8/11/2018
    
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