Ingresan menos juicios, pero la amenaza es el stock - Estrategas  
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RIESGOS DEL TRABAJO
Ingresan menos juicios, pero la amenaza es el stock
La ley complementaria está dando frutos: disminuye la cantidad de juicios ingresados al sistema. Las aseguradoras aprovechan la bonanza para enfocarse en reducir el stock, la gran amenaza. Foto: Eugenio Muerza, socio de SIGES.
A un año y medio de su sanción, la ley 27.348, complementaria de la ley de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sostiene que la litigiosidad se redujo un 34%, que se homologan el 89% de los casos presentados en las Comisiones Médicas y que se produjo un ahorro como consecuencia del abaratamiento de las alícuotas del 3,02%.

Las alertas las señalan desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART): no se conformaron los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia Laboral y, por tanto, es crítica e incierta la valuación del stock judicial que hoy cuenta con casi 340 mil casos.

En febrero de 2017 fue sancionada esta reforma con el objetivo de controlar la altísima litigiosidad que afecta al sistema de Riesgos del Trabajo. Para Ariel Cena, Jefe de Gestión Judicial de Riesgos del Trabajo de Prevención ART, la evaluación de la norma que determinó un procedimiento administrativo obligatorio previo y excluyente antes de cualquier acción judicial es favorable: “Estamos registrando una caída en el ingreso de demandas”, reconoce. Sin embargo, advierte: “Es importante remarcar que de las adhesiones sólo se encuentran operativas las de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. En el resto, la operatividad se encuentra sujeta a la adaptación por parte de cada provincia y a la disposición por parte de la SRT de las estructuras necesarias para implementar las mejoras del sistema”.

Los números de La Segunda ART van en el mismo sentido: “Se registra una disminución en el ingreso de reclamos judiciales con una fuerte tendencia a la baja en Mendoza, Córdoba y CABA. Esto responde a la reforma y al importante acompañamiento de la Justicia en aspectos clave de la misma”, sostiene Pablo Elin, Encargado del Área Legales de la compañía.

 

ESTÁ QUE ARDE. Al cierre de esta edición ya habían adherido 14 provincias a la ley 27.348: CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Chaco y Neuquén. De las provincias que todavía no adhririeron se destaca Santa Fe y las razones apuntan a cuestiones políticas, pero sobre todo a objeciones de índole jurídicas: se sostiene que la ley pretende sacar los reclamos por accidentes del trabajo de la Justicia Laboral local y que se dota a las Comisiones Médicas de facultades judiciales, además de que se duda de su imparcialidad. (ver recuadro aparte)

Esto no hace ruido sólo en Santa Fe. “El Fuero Laboral está que arde. Es muy celoso de su jurisdicción y no admite que haya tribunales administrativos resolviendo sobre sus asuntos. Eventualmente el planteo de inconstitucionalidad llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y si bien todos entendemos que la Corte va a respaldar esta ley, ese fallo es fundamental”, califica Andrés Faragó, socio del Estudio Faragó & Corrales Abogados.

Desde el Estudio Tranmed - BR Abogados, Carlos Vitagliano y Cesar Blasco se suman en la misma dirección: “Sería importante que la SRT y la UART compilaran las sentencias y concurrieran a las Cortes Supremas Provinciales y Nacional para despejar las dudas sobre si podrán prosperar los planteos de inconstitucionalidad y sobre si sería necesaria alguna modificación a la ley”.

 

DE UNA HENDIJA, UN BOQUETE. Los profesionales consultados para esta nota destacan como valiosa la herramienta Comisión Médica, más allá de asumirlas como perfectible en cantidad y calidad. Para Eugenio Muerza, socio de SIGES Sistema Integrado de Gestión de la Salud, y de DYGA Dirección y Gestión Aseguradora, este nuevo sistema está dando espacio para aplicar políticas más agresivas de cierre de casos en etapa extrajudicial: “Las ART están encontrando en las Comisiones Médicas un espacio apropiado para ser un poco más flexibles en la determinación del porcentaje de incapacidad. No están pagando incapacidad donde no la hay; están trabajando con una mayor flexibilidad interpretativa. Se muestran con más ánimos de transacción a los efectos de evitar llegar a juicio”.

Cena aporta su punto de vista: “La instancia previa en Comisión Médica permite identificar cuando hay disconformidad del trabajador y abre un escenario de recomposición con altos estándares de seguridad. Se convirtió en una vía rápida y segura para solucionar los conflictos. Esto dotó al sistema de una instancia totalmente válida para dar respuesta inmediata al trabajador, evitando los elevados costos y las demoras de un proceso judicial”. Según los registros de Prevención ART, los acuerdos alcanzados en los casos con determinación de incapacidad son prácticamente del 90%. “Estos indicadores ratifican que el servicio de homologación propuesto por la ley es efectivo”, firma el letrado.

Elin coincide: las Comisiones Médicas están funcionando correctamente y sin dilaciones. “Pero aún hay mucho trabajo por hacer -admite-. Además de crearlas hay que dotarlas de personal especializado, que asuma por concurso y al que se le dé la tranquilidad de estabilidad para que pueda emitir sus dictámenes”.

Para Faragó los inconvenientes propios de una transición pueden alimentar a quienes tienen una posición contraria al sistema de Comisiones Médicas: “Éstos podrían decir que al trabajador se le dio una alternativa que no es ni rápida ni eficiente”. Por eso, este abogado se suma en señalar que hay que hablar de cantidad, pero además de calidad: “No sirve tener muchas Comisiones Médicas sin observar la idoneidad. Si el producto que resulta del trabajo de esos profesionales es deficitario, se abrirá la puerta a una nueva judicialidad”. Y es que los abogados laboralistas harán de una hendija un boquete apenas tengan la oportunidad.

Hablando de abogados laboralistas, Blasco y Vitagliano hacen un llamado de atención. Sostiene que la baja en la litigiosidad podría ser, en realidad, una demora estratégica: “Los casos que van a Comisión Médica se resuelven bien, ok. Pero ¿todos los casos están yendo a Comisión Médica? Podría estar pasando que los abogados laboralistas estén demorando los reclamos, analizando los diferentes planteos de inconstitucionalidad que han surgido”.

 

EL MISMO ABISMO. Los especialistas consultados por Estrategas coinciden en que, en materia de ingreso de nuevos juicios, el sistema ha salido de la zona de riesgo que hacía temer por su continuidad. Sin embargo, todos señalan el mismo abismo en el que todavía se puede caer: el stock de 340 mil juicios aún pendientes.

La nueva ley hizo reformulaciones que atañen a las pericias médicas que se realizan en la Justicia Laboral: entre otras cosas, puso en cabeza de los máximos tribunales judiciales dentro de cada jurisdicción la creación y puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense o Cuerpos Médicos Periciales conformados por médicos especializados, seleccionados por concurso; estableció honorarios de los peritos en función de la tarea realizada (ya no más atados al monto de la sentencia); y determinó que las pericias se hagan con un único Baremo (Tabla de Evaluación de Incapacidades que forma parte de la ley 27.348).

Empezando por el Cuerpo Médico Forense, la UART señala que no se han conformado todavía, lo que vuelve crítica e incierta valuación del stock de 340 mil juicios aún pendientes y también la evolución de los nuevos juicios que deriven del flujo natural del sistema post reforma. “Asistimos a un descontrol pericial en el ámbito judicial que profundiza el desequilibrio entre las primas cobradas por las aseguradoras y los pasivos a afrontar”, explican desde la cámara. En un comunicado emitido por esta entidad, se señala que, a febrero de 2018, las pericias judiciales correspondientes a un tercio de los juicios en stock presentan un adicional de 17,5 puntos porcentuales de incapacidad respecto de lo que indica el baremo (esto es, 17 puntos de incapacidad de diferencia promedio entre lo que define el baremo de la ley y lo que valúan los peritos oficiales de la Justicia Laboral). Los dos tercios restantes, por su parte, no tenían (a febrero) pericia oficial aún.

Cena asume que esta diferencia encuentra su explicación principalmente en el apartamiento del baremo: “De otro modo, no se comprende la diferencia en los promedios entre una provincia y otra o, peor aún, entre distintas ciudades de una misma provincia. Incluso hay peritos que tienen un promedio cuando actúan en una jurisdicción, y otro diferente cuando actúan en otra”.

Todos coinciden en el esquema actual de listados de peritos permite que haya tantos criterios como peritos haya en la lista, y en que esa disparidad es una de las causales que genera litigiosidad. “En la medida que cada provincia tenga un Cuerpo Médico que realice las pericias, habrá un solo criterio”, cierra Cena, en sintonía con lo que sostuvo el superintendente de Seguros de la Nación (SSN), Juan Pazo, en una declaración pública: “Hoy tenemos un sistema más sólido y más solvente, con mayor celeridad en los pagos. Pero necesitamos que el baremo sea la única herramienta vigente a la hora de dictaminar un daño”.

La UART insiste sobre este punto y remarca que, en caso de que ese primer tercio llegue a sentencia y de que los otros dos tercios con pericias aún pendientes presenten el mismo desvío y también lleguen a sentencia, “el aumento del pasivo judicial de las ART será del 600 por ciento”. La cámara, finalmente, advierte: “Las alternativas no son muchas: o se constituyen los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de la Justicia Laboral en forma inmediata de manera tal que las pericias de ajusten a los valores de ley, o habrá que prever el financiamiento adecuado para cubrir el desfasaje judicial señalado”.

Y la cuestión aquí es que, para Blasco y Vitagliano, el sistema está sub-reservado. El planteo es el siguiente (NdR: interpretación con números redondos): A junio de 2018, hay en stock unos 335 mil juicios, reservados en más de 60 mil millones de pesos, lo que indica que la reserva promedio de cada juicio se acerca a los 180 mil pesos. Si tomamos un punto de incapacidad en sede judicial de 20 mil pesos, esta reserva cubre unos 9 puntos de incapacidad por juicio, lo que sería “totalmente insuficiente para cubrir el valor real de un pleito”, sobre todo teniendo en cuenta los 17 puntos promedio de más que UART advierte en las pericias oficiales.

El hilo del razonamiento sigue así: si tenés reservados 9 puntos promedio por juicio, pero se están peritando 17 puntos promedio de más, estás por lo menos 8 puntos abajo, lo que, a 20 mil pesos el punto, habla de por lo menos 160 mil pesos por juicio que no están reservados. Para terminar: si se multiplican los 160 mil pesos que faltan por juicios por la cantidad de juicios (335 mil), resulta que a las reservas, para cubrir el valor real de los juicios, les faltan más de 53 mil millones de pesos. “¿Las ART están reservadas en la mitad de lo que deberían? No sabemos el valor, en realidad. Nadie habla de esto porque si la SRT les pidiera que se reservaran por el doble, las ART deberían triplicar su patrimonio, que hoy está en unos 20 mil millones de pesos. Teniendo en cuenta todo esto, no se entiende que se hable de una baja en las alícuotas”, cierra Vitagliano.

Ciertamente, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, declaró recientemente: “En las provincias adheridas a la ley 27.348, los costos de las alícuotas que pagan los empleadores se redujeron a 2,9 por ciento de la masa salarial”. Cena lo confirma: “En los últimos meses las alícuotas han mostrado una reducción. El mercado está siendo consecuente con la reducción del ingreso de juicios”.

Muerza retoma el planteo de Vitagliano: “Si analizás las reservas no hay suficiente dinero para pagar el stock. Además, la competencia por precio en este ramo es feroz. Las ART ahora tienen margen de caja -porque están pagando acuerdos y no juicios- y lo están volcando a bajar la tarifa. Las amenazas al sistema ahora vienen por ahí, por el lado del precio, porque está bajando demasiado”.

Hay quienes perciben una política dinámica en la gestión del stock. Las compañías con las que trabaja Faragó & Corrales “son muy proactivas para trabajar los casos judicializados”, sostiene el socio de la firma. “En la actualidad, además, aprovechan la bonanza -ya que les están ingresando menos juicios nuevos- para enfocarse incluso un poco más en reducir el stock”, completa.

La reforma se encuentra a mitad de camino. Si a fines de 2018 se verifica la misma baja en la judicialidad que se evidenció en el primer semestre (del 34,3%), este año habrán ingresado 86 mil nuevos juicios, un valor mucho más bajo que el del año anterior, pero que todavía está lejos de lo que espera este mercado.

 

Eliana Carelli

 

 

El caso Santa Fe

 

Al cierre de esta edición, la provincia de Santa Fe era una de las grandes ausentes de la reforma.

La Segunda ART tiene su casa central en la ciudad santafesina de Rosario. Pablo Elin, Encargado del Área Legales de la compañía que, además de una cuestión política, hay objeciones de índole jurídicas en las que se basa la demora en la adhesión. “Se sostiene que la ley pretende sacar los reclamos por accidentes del trabajo de la Justicia Laboral local y que se dota a las Comisiones Médicas de facultades judiciales, además de que se duda de su imparcialidad. Esto no es correcto. La legitimidad de las Comisiones Médicas está fundada sobre la base de señalamientos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no implica bajo ningún punto de vista dilatar el acceso a la justicia ni el debido proceso”. Recordemos que, si el trabajador no está de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Médica, puede acceder a la justicia ordinaria del Fuero Laboral. “No se trata de invadir la facultad de las provincias impidiéndoles a las justicias locales su intervención; por el contrario, el objetivo es fortalecerlas”, completa el abogado de La Segunda ART.

Prevención ART también tiene casa central santafesina. Ariel Cena, Jefe de Gestión Judicial de Riesgos del Trabajo de la compañía, habla de su preocupación, desde su oficina en Sunchales: “A pesar del esfuerzo que estamos realizando por contener esa jurisdicción, los niveles de ingreso todavía son elevados. Según nuestros registros, en los últimos 12 meses la provincia de Santa Fe registró el mismo ingreso de juicios que Córdoba y Mendoza juntas, o que CABA que cuenta con una cantidad de trabajadores cubiertos sustancialmente mayor”.

 

 

El éxito de las comisiones médicas en números

 

En las jurisdicciones con adhesión, desde su entrada en vigencia hasta la fecha, Prevención ART tiene registrados 6.524 trámites en Comisión Médica. A junio de este año, tenían aproximadamente 1.645 casos ya finalizados, de los cuáles el 90% alcanzó un acuerdo con éxito. “A modo ilustrativo, en junio de este año, de 231 juicios que ingresaron en jurisdicciones ya adheridas y con demandas interpuestas con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma, el 60 por ciento cuenta con la instancia administrativa previa agotada”, completa Ariel Cena, Jefe de Gestión Judicial de Riesgos del Trabajo de la compañía.

La Segunda ART pasó por una experiencia similar: según una muestra realizada sobre 300 casos recientes (posteriores a la sanción de la ley complementaria), el 90% se resolvieron en dicha instancia con homologación. Pablo Elin, Encargado del Área Legales de la compañía, completa: “Nuestra experiencia sigue la tendencia de los datos oficiales a nivel país que arrojan que nueve de cada diez casos se resuelven favorablemente. En general lo dictaminado por las Comisiones Médicas es aceptado por los trabajadores y sus abogados, reduciendo consecuentemente el ingreso de casos que se judicializan”.

 

 

 

La resolución 47 objetada por los productores

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sacó las Resoluciones N° 46 y 47 en las que crea la Póliza Digital de Riesgos del Trabajo. La 47 generó objeciones de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros (FAPASA) y de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS). FAPASA, de hecho, interpuso un reclamo administrativo para la suspensión de ambas resoluciones.

Ariel Cena, Jefe de Gestión Judicial de Riesgos del Trabajo de Prevención ART, sostiene al respecto: “Estos cambios nos ponen ante un nuevo desafío que deberemos sortear, como lo hemos hecho históricamente, procurando el menor impacto posible en la relación con nuestro cuerpo de ventas. Tenemos que asociarnos a estas propuestas sin perder de vista el valor agregado que el trato personal y profesional aporta en nuestra relación con los afiliados, el que sólo se logra a través de la figura del productor asesor de seguros”.

Por su parte, Eugenio Muerza, socio de SIGES Sistema Integrado de Gestión de la Salud, y de DYGA Dirección y Gestión Aseguradora, entiende que el problema de la Resolución 47 es institucional: “Habilita un contacto directo entre cliente y ART obviando la intermediación con asesoramiento de los productores. Hay gente que le achaca intereses espurios; yo creo que es inoperancia. No entienden cómo funciona el mercado”.

Publicado el 19/9/2018
    
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