ESTRATEGAS        
 
RIESGOS DEL TRABAJO
Bajó la litigiosidad, pero el stock de pleitos es enorme
Datos de la industria indican que la litigiosidad bajó un 31,9% interanual a febrero de este año, y se espera que siga bajando. Pero el problema mayor sigue siendo el enorme stock de juicios vigentes. Foto: Roy Humphreys, gerente general de Experta ART.
La generación de juicios por accidentes o enfermedades en el trabajo se redujo un 31,9% en febrero de 2018, en comparación a igual mes del año pasado, según datos brindados a Estrategas por Experta ART.

Este dato se condice con lo expresado en un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) presentado en enero de 2018. Según el mismo, a diciembre de 2017 se registró un 21% menos de juicios nuevos que a igual mes de 2016. A su vez, el total del año 2017 presentaba apenas un 2% más de juicios que su predecesor, mientras que la variación entre 2014 y 2015, y entre 2015 y 2016, había sido de un 20% más de juicios en ambos casos.

Estos números, que dan cuenta de una tendencia decreciente en la litigiosidad del sistema sobre el que trabajan las ART, son directamente relacionables con la aplicación de la Ley Complementaria del ramo, la 27.348 de 2017, promulgada en febrero del año pasado. En aquel texto se creó el marco regulatorio para el funcionamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, y de la Comisión Médica Central, órganos encargados, en primera y segunda instancia respectivamente, de recibir, evaluar y tramitar todos los reclamos por accidentes o enfermedades en el marco laboral.

Según Guillermo Meneguzzi, gerente de La Segunda ART, “es incuestionable que el aporte del trabajo de las Comisiones Médicas ha contribuido a lograr la reducción de tasa de litigiosidad” en aquellas jurisdicciones en las que desarrollan su tarea: “La gestión previa en una instancia administrativa ha sido importante para resolver casos que en otro momento derivaban en una instancia judicial”. No obstante, el ejecutivo señala que, en algunas provincias del país, la cantidad de Comisiones Médicas jurisdiccionales no son suficientes; pero se mostró optimista con respecto a una pronta resolución de ese problema.

Dentro de este escenario optimista, uno de los puntos que aún está inconcluso es la adhesión de todas las provincias a la Ley Complementaria. En ese sentido, con la reciente adhesión de la provincia de Buenos Aires, sólo queda uno de los distritos más relevantes por fuera del régimen: la provincia de Santa Fe. En ese sentido, Meneguzzi opina que por su nivel de litigiosidad se trata de una de las jurisdicciones con mayor impacto, y que el mismo se refleja en un mayor costo laboral para las empresas radicadas en la misma.

Para ilustrar la diferencia entre adherir o no adherir a la ley, es pertinente utilizar datos de la UART a diciembre del año pasado. En ese mes, la cantidad de juicios iniciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue un 55% menor que a diciembre de 2016; mientras que en la provincia de Buenos Aires, que aún no se había plegado al nuevo régimen, casi se había duplicado la cantidad de juicios, con un 93% de aumento.

 

LA GRAN DEUDA. Más allá de la adhesión de las provincias, el principal reclamo de las aseguradoras del ramo continúa siendo la creación de los cuerpos médicos periciales, y del cuerpo médico forense en el seno de la Justicia. Los mismos funcionarían en los juicios que se generen por un accidente o enfermedad en el trabajo y permitirían terminar con la discrecionalidad y los conflictos de intereses a la hora de evaluar daños y establecer indemnizaciones.

En ese sentido, Roy Humphreys, gerente general de Experta ART considera que “a la hora de efectuar la valoración del daño, los cuerpos periciales son la mejor opción para dar certeza y ecuanimidad. Esta determinación corresponde al uso de criterios objetivos y a la consideración de lo previsto en las leyes 26.773 y 27.348, respectivamente, que establecen la obligatoriedad del uso del baremo de Riesgos del Trabajo”.

Otro informe de la UART, publicado en marzo de este año, da cuenta del desvío que existe entre los puntajes de discapacidad producidos por accidentes o enfermedades laborales establecidos en las pericias judiciales, y lo que dicta el baremo del sector. La organización analizó 83.500 juicios y encontró que existe una desviación promedio de 17,5 puntos de discapacidad, cada uno valuado, a ese momento, en $22.750. Extrapolando esa desviación promedio a los 340 mil juicios que existen en stock –en realidad sólo el 33% de ellos ya cuenta con pericia-, y agregando un 35% extra por la intermediación judicial, el cálculo indica que esta valuación discrecional de las discapacidades le cuesta al sistema unos alarmantes US$ 10.600 millones.

“Dichas pericias se establecieron en un marco en el que los honorarios de los peritos estaban atados al resultado de las sentencias y en el que la discrecionalidad ha sido la regla, tanto sea por la ausencia de una tabla de valuación de las incapacidades, por la falta de un organismo especializado de control, como por la carencia impuesta de peritos de parte en muchas de las jurisdicciones del país”, sostiene el comunicado emitido por la UART.

La solución es clara: la conformación de los cuerpos médicos periciales. Este punto para Humphreys, “requerirá del esfuerzo conjunto de la Justicia, gobierno nacional y provinciales”, mientras que para Meneguzzi es responsabilidad exclusiva de la Justicia. Sin embargo, ambos coinciden en el punto de que dicha medida es impostergable para apuntalar la otra cara del problema de la litigiosidad.

 

AMENAZAS. Tras haber estado cerca del colapso por la enorme cantidad de juicios, las aseguradoras de Riesgos del Trabajo comienzan a percibir una tendencia hacia la normalización, por lo menos en aquellas provincias que ya han adherido a la ley 27.348 del año pasado. Reducir el ritmo de generación de juicios nuevos es un primer paso, que dará un poco de aire para enfrentar el problema mayor: el enorme stock de juicios vigentes.

Para Meneguzzi, más allá de la reducción de la litigiosidad, “las amenazas a la sustentabilidad del sistema permanecen en la medida en que no se ordene el descalabro que se produce en la valuación judicial de las incapacidades laborales”. Por su parte, Humphreys se muestra menos alarmado, pero enuncia cuáles son, para él, los pilares que sostendrán la recuperación: “La adhesión de las provincias, el buen desempeño de las comisiones médicas, el rol proactivo de las ART y el respaldo de la Justicia para combatir el fraude y validar el sistema”.

 

Emmanuel Rodríguez

Publicado el 7/5/2018
 
ROY HUMPHREYS, GERENTE GENERAL DE EXPERTA ART
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