ESTRATEGAS        
 
STOCK JUDICIAL DE LAS ART
“Las enfermedades ocupan más del 60 por ciento de nuestros juicios”
Así lo remarcan los abogados del staff legal propio de Prevención ART y de La Segunda. Los letrados evalúan para Estrategas la situación del Listado de Enfermedades Profesionales y su importante incidencia en la litigiosidad.
Una enfermedad profesional es aquella producida por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades Profesionales (decreto 658/96) que identifica cuadros clínicos, exposición y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades y también agentes de riesgo (factores presentes en los lugares de trabajo y que pueden afectar al ser humano, como por ejemplo las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, la presencia de ruidos, sustancias químicas, la carga de trabajo, entre otros).

La ley de Riesgos del Trabajo (24.557) en su versión original limitaba el amparo legal de estas enfermedades a un listado de carácter taxativo (cerrado), que era elaborado y revisado una vez al año únicamente por el Poder Ejecutivo. “Este fue uno de los aspectos más vulnerables de la ley: imposibilitaba que el trabajador pudiera probar que padecía una patología vinculada al trabajo que no estaba incluida en el listado. Había alguna razonabilidad en el supuesto de que un trabajador que no encuentra solución a su problemática -atribuir carácter laboral a una enfermedad no contemplada en el baremo de la ley- se vea obligado a acudir a la vía judicial, para llevar certidumbre a su planteo”, repasan para Estrategas Andrea Farnós y Pablo Elin, encargados del área Legal Buenos Aires y Casa Central Rosario, respectivamente, del Grupo Asegurador La Segunda.

Ahora bien, en el año 2000, vía decreto 1278/00, se sustituyó el apartado 2 del art. 6 de la ley 24.557, y se incorporó un procedimiento ante las Comisiones Médicas que habilita al trabajador o sus derechohabientes a que aporten elementos de prueba respecto de los agentes de riesgos, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de sus dolencias. Se arrimó una solución a la problemática que se vislumbraba, pero “la realidad demostró que dicho procedimiento no fue asimilado por los trabajadores y mantuvieron la práctica de judicializar los reclamos”, aporta Ariel Cena, jefe de Gestión Judicial - Seguros Riesgos del Trabajo, de Prevención ART.

Con posterioridad, en un nuevo intento de dar respuesta al problema, se amplió el Listado de Enfermedades Profesionales incorporando el hantavirus y el mal de Chagas (decreto 1167/03) y más tarde las hernias de disco, hernias inguinales y várices (decreto 49/14). “A pesar de todo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las denominadas enfermedades de trabajo y/o enfermedad-accidentes, ocupan más del 60 por ciento de la judicialidad actual de Prevención ART y de La Segunda -coinciden los tres especialistas-. Y que el reclamo judicial pasó a convertirse en la respuesta natural

frente a la aparición de dolencias, en algunos casos atribuibles en un porcentaje alto al trabajo y en otros sin ninguna vinculación”.

CAUSAS. Todas las fuentes concuerdan en que los motivos que explican la incidencia de las enfermedades profesionales en la litigiosidad que ahorca al sistema de Riesgos del Trabajo son múltiples:

· Brecha. Para comenzar, todos coinciden en que persiste la brecha entre las enfermedades cubiertas por el listado elaborado por el Poder Ejecutivo y las enfermedades reconocidas por pericias judiciales. “Los fallos judiciales, basados en pericias oficiales, terminan reconociendo relación de causalidad cuando se le puede atribuir a determinada dolencia un origen laboral, es decir cuando nos encontramos con una enfermedad en cuya aparición, desarrollo o agravación el trabajo ha sido una causa eficiente”, señala Farnós. “La teoría de la indiferencia de la concausa -que se desarrolló con el tiempo- indica que no es necesario que el trabajo fuera la causa exclusiva de la enfermedad, sino que basta que hubiera colaborado estimulando, excitando o agudizando el proceso patológico, para que naciera la obligación de indemnizar”, completa Elin.

Una de las fuentes consultadas en off the record para esta nota, vinculada a otro operador importante en Riesgos del Trabajo, comparte información de su cartera judicial: “Del total de las enfermedades profesionales judicializadas en nuestra compañía, sólo en el cinco por ciento de los casos el sistema definió que había una incapacidad. El resto se terminaron pagando por imposición de la Justicia pero sin que el sistema haya avalado ninguna incapacidad”. Complicado.

· Exámenes. Otra de las causas que explican este fenómeno es la ausencia de exámenes médicos que servirían para detectar las enfermedades y darle tratamiento adecuado. Recordemos que los exámenes preocupacionales o de ingreso buscan, entre otras cosas, detectar patologías preexistentes. En tanto, los exámenes médicos periódicos buscan detectar prematuramente las afecciones producidas por los agentes de riesgo determinados en el decreto 658/96 a los cuales el empleado se encuentre expuesto, con el fin de evitar las enfermedades profesionales.

Si la enfermedad no se encuentra en el Listado pero se sospecha que es producida por el trabajo, hay que realizar la denuncia ante la ART. “Si la ART rechaza la denuncia o deriva al trabajador a la obra social por considerar que la enfermedad no fue causada por el trabajo, serán una Comisión Médica (CM) y la Comisión Médica Central (CMC) las que definirán si se reconoce la enfermedad profesional en ese caso. La petición debe ser fundada, contener diagnóstico, argumentación y constancias sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo, con exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo”, explica el jefe de Gestión Judicial de Prevención ART.

· Movilidad funcional. Existe una idea generalizada pero equivocada de que por el hecho de que un trabajador deba mover brazos y manos, éste se encuentra expuesto al riesgo de movimientos y gestos repetitivos en miembros inferiores y superiores. No obstante, la ley es muy estricta para asignar una exposición positiva en estas situaciones. “Son pocas las empresas que tienen asignado el riesgo de movimiento y gesto repetitivo en miembros superiores. Algunos casos son los frigoríficos, las faenas de pollo y los matarifes, pero por ejemplo no en la construcción (albañil). En esta actividad, si bien se hacen movimientos, los mismos no alcanzan la repetitividad que indica la ley”, diferencia Elin. “Los peritos no piden los relevamientos de Riesgos del Trabajo, no son rigurosos. Hay casos en los que no se alcanza el rango de repetición que exige la ley en

los que igual se termina asignando una incapacidad”, lamenta su colega de La Segunda, Farnós.

· Comisiones Médicas. Actualmente, un alto porcentaje de los reclamos que se judicializan terminan en juzgados laborales sin haber pasado por el trámite administrativo en las Comisiones Médicas.

Los abogados participantes de esta nota advierten la necesidad de trabajar especialmente sobre este punto porque dicho bypass es, entre otros, el que da lugar a la famosa disparidad de criterios judiciales y el que habilita la aplicación de baremos inapropiados.

Al menos, el vínculo entre los honorarios de los peritos y el porcentaje de las incapacidades que éstos fijaban -polémica situación que tantos malos entendidos trajo- fue desactivado por medio de la ley 27.348/17 que determinó que los peritos médicos oficiales deberán integrar el Cuerpo Médico Forense en la jurisdicción y que sus honorarios ya no serán variables ni supeditados a la cuantía del reclamo, sino regulados en función a la labor realizada. Un tiro para el lado de la Justicia.

· Admisibilidad. Una parte significativa de las acciones judiciales se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por las ART ni por las Comisiones Médicas. El “poco control de admisibilidad por parte de los jueces frente a reclamos por múltiples enfermedades profesionales de un mismo trabajador, sin informes médicos ni estudios o certificados que acrediten la dolencia”, es otro motivo que explica el fenómeno.

“A partir de 2010, en Prevención ART detectamos entre las demandas que ingresaban, un cúmulo de acciones judiciales por siniestros que no habían sido denunciados ante la aseguradora ni las Comisiones Médicas. Se identificó entre ellos una muy marcada preponderancia de reclamos que invocan una o varias patologías de origen no traumático. Es claro que la mayoría de estas acciones buscan la generación de una indemnización económica descartando cualquier pretensión de tratamiento médico para paliar la supuesta patología”, expone el referente de la compañía, Cena, lo que claramente constituye un ardid para evadir los procedimientos previstos en la LRT.

Los expertos advierten que también se enmascaran enfermedades como las lumbalgias bajo la denuncia de un hecho traumático. El típico ejemplo es que incluye frases como al levantar una caja sentí un fuerte tirón en la zona lumbar.

PENDIENTES. Ensayar una respuesta inequívoca que pueda dar solución a esta problemática en todas sus aristas es imposible. No obstante, los abogados entienden que se debería seguir trabajando para acercar un procedimiento más ágil y sencillo al trabajador para que pueda discutir sobre su patología y su carácter en un ámbito donde cuente con el debido asesoramiento y regido por principios de celeridad e informalidad. “No es posible que la judicialización del siniestro sea la respuesta natural frente a un evento. Deben brindarse al trabajador todas las herramientas adecuadas para corregir estos desvíos y creemos que la nueva ley 27.348 avanza en ese sentido”, estima Elin. Habrá que esperar a ver cómo funciona.

En el ámbito judicial, se deberá continuar trabajando en el aspecto pericial. “Hay que evitar abusos, generar etapas de revisión de la labor pericial, profesionalizar a los peritos y adjudicarles esquemas de retribución no ajustados al resultado del pleito”, puntualiza Farnós. Estos aspectos también han sido propuestos en la reforma pero para que sean operativos es necesario que cuenten con la debida adhesión de las legislaturas provinciales. Otra vez, hay que esperar para saber cómo resultará.

La investigación de posibles comisiones de fraudes laborales y su posterior denuncia también está entre las tareas a seguir desarrollando.

Eliana Carelli

Publicado el 19/9/2017
 
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