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LAVADO DE DINERO
Nueva norma de la UIF para la actividad aseguradora
Un análisis sobre la normativa vigente de la UIF para el control del lavado de activos en el ámbito de la actividad aseguradora.
El 14 de diciembre de 2011 fue publicada en el Boletín Oficial la resolución de la Unidad de Información Financiera ("UIF") Nº 230/2011 (la "Resolución") que deroga su anterior vigente en la materia (Resolución UIF 32/2011) en relación a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo respecto a las empresas aseguradoras, productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros en su calidad de sujetos obligados bajo la ley Nº 25.246 y modificatorias.

La anterior resolución vigente desde febrero de 2011, vino a establecer las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberían observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Según surge de los considerandos de la norma, esta nueva Resolución tiene como propósito reflejar en la normativa de la UIF, las modificaciones introducidas por la ley Nº 26.683 al régimen de la ley Nº 25.246.

Las principales modificaciones se refieren a la precisión de ciertas definiciones y particularidades del oficial de cumplimiento, adopción de ciertas medidas en la contratación de personal, categorización de las personas físicas y jurídicas en función a determinado monto, a los fines de la información y documentación que se les deberá requerir, establecimiento de procedimientos especiales de identificación respecto de los cuales se deberá recabar documentación adicional para definir el perfil del cliente, entre otras.

Serán sujetos obligados: (i) las empresas aseguradoras; y (ii) Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nº 17.418; Nº 20.091; Nº 22.400 y Nº 24.557, únicamente cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida. Es decir que se eliminaron a los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de siniestros, salvo cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida. Por otro lado, quedaron comprendidas bajo el concepto, las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y cualquier otro ente al que las leyes especiales le otorguen el carácter de sujeto de derecho.

Como señalamos, se precisan, en alguna medida, las definiciones de (i) operaciones inusuales, introduciéndose los conceptos de perfil patrimonial y tributario del cliente; y (ii) operaciones sospechosas, agregándose como característica, que pueden ser aquellas en las que se verifican dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos.

Respecto al manual de procedimientos, si bien se mantiene la obligación de encontrarse siempre actualizado y disponible en todas las dependencias del sujeto obligado para todos los empleados, el detalle de los parámetros que el sujeto obligado hubiera establecido a los efectos de la prevención y detección de operaciones inusuales será confidencial, excepto para el oficial de cumplimiento (quien actúa en el proceso de monitoreo, control, diseño y programación de los criterios implementados) y para aquellas personas que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones.

En relación al oficial de cumplimiento se establece que cualquier sustitución deberá denunciarse dentro de los 15 días de realizada. La norma derogada preveía 5 días. Asimismo se introduce como novedad la posibilidad de designar un oficial de cumplimiento suplente, quien desempeñará las funciones del titular en caso de ausencia, impedimento o licencia de este último. Deberán cumplirse los mismos requisitos y formalidades que para la designación del titular. La asunción del suplente, deberá ser comunicada a la UIF dentro de los 5 días de acaecido alguno de los hechos que la provoque, junto con la entrada en funciones del oficial de cumplimiento suplente, los motivos que la justifican y el plazo durante el cual se encontrará en funciones.

Se introduce la obligación de los sujetos obligados de adoptar sistemas adecuados de preselección del personal para asegurar normas estrictas de contratación de empleados y de monitoreo de su comportamiento, proporcionales al riesgo vinculado con las tareas que los empleados lleven a cabo, conservando los documentos que acrediten la realización de tales controles.

Toda vez que la política de conozca a su cliente es condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el cliente, antes de iniciar dicha relación comercial o contractual, el sujeto obligado deberá identificarlo, cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente, verificar que no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF vigente en la materia y solicitar información sobre los productos a utilizar y los motivos de su elección.

 

Se introduce una distinción entre la información y documentación a solicitar según se trate de personas físicas o jurídicas, y en cada caso, si contratan pólizas cuya prima única, o prima anuales pactadas resulten inferiores a $ 40.000 o su equivalente en otras monedas, o iguales o superiores a dicha suma.

 

Se prevén también supuestos especiales en los que, adicionalmente a la identificación del cliente, se deberá definir su perfil. Éste estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables, documentación bancaria, etc.) que hubiera proporcionado el cliente y en la que hubiera podido obtener el sujeto obligado; que justifique el origen lícito de los fondos involucrados en las operaciones que realiza; así como el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, y el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.

 

Los supuestos especiales previstos por la Resolución son los siguientes: a) se contraten pólizas cuya prima única, o primas anuales pactadas, resulten iguales o superiores a $ 80.000 o su equivalente en moneda extranjera; b) se efectúen aportes extraordinarios que excedan la suma de $ 80.000 o su equivalente en moneda extranjera, en concepto de primas pagadas, en el año calendario; c) la sumatoria de los montos de las operaciones indicadas en los puntos a) y b) precedentes, resulten iguales o superiores a $ 80.000 o su equivalente en moneda extranjera, en el año calendario; d) la aseguradora deba abonar un siniestro y/o indemnización por un monto igual o superior a $ 200.000 o su equivalente en moneda extranjera; y e) se deba restituir primas al cliente, se efectúen retiros parciales o se efectúen rescates totales, en todos los casos, acumulados en un año calendario, por montos iguales o superiores a la suma de $ 200.000 o su equivalente en moneda extranjera.

 

Respecto a la confidencialidad del reporte sobre operaciones sospechosas ("ROS") se establece expresamente que no podrá ser exhibido ante los organismos de control de la actividad, excepto para el caso de la Superintendencia de Seguros de la Nación cuando actúe en algún procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ, en el marco de la colaboración que debe prestar a la UIF.

 

Se modifica el plazo para la presentación de un ROS de lavado de activos, de 30 días a 150 días corridos a partir de la operación realizada o tentada. Los sujetos obligados deberán conservar toda la documentación de respaldo de los mismos, la que deberá ser aportada a la UIF dentro de las 48 horas de haber sido solicitada

 

Por último se establece que la actualización de los legajos de los clientes a las disposiciones de la Resolución deberá realizarse: (i) para los nuevos clientes, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución; (ii) y para los clientes ya existentes, antes del 1 de julio de 2012.

 

 

Mariana Vázquez

 

Estudio Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge

Publicado el 13/2/2012
 
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