ESTRATEGAS        
 
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
Contenidos que afectan la actividad aseguradora
El consultor Carlos Fernández Blanco (foto) analiza la ley de Financiamiento Productivo, la modificación de la redacción del artículo 24 de la Ley 20.091 y otros contenidos que afectan a la actividad aseguradora.
Carlos Fernández Blanco, titular de la consultora Fernández Blanco y Asociados, escribió el siguiente informe analizando cómo afecta a la actividad aseguradora la ley 27.440 de Financiamiento Productivo y la modificación del artículo 24 de la ley 20.091. Este es el informe.

I.El artículo 31 de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo sustituye el  contenido de la última parte del artículo 24 de la Ley 20.091, quedando en consecuencia, redactado de la siguiente forma:

 

Están prohibidos:

 

1) “Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyen sorteo.”

2) “La cobertura de riesgos provenientes de de crédito financiero puro, con excepción de operaciones de crédito financiero hipotecario los que podrán cubrirse, siempre y cuando ello no implique un encarecimiento para los tomadores de dichos créditos, y en los términos de la reglamentación que dicte a tal efecto la Superintendencia de Seguros de la Nación.”

 

II. La Ley de Financiamiento Productivo, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 471/2018, no alcanzando a considerar el artículo precedentemente transcripto. De todas formas ha de ser la Superintendencia de Seguros quien deba hacerlo por así disponerlo la propia norma.

 

III. Por otro artículo, el 32 de la Ley de Financiamiento Productivo, se dispuso, sin modificar la Ley 20.091, lo siguiente.

 

“Articulo 32- Las pólizas de seguros para casos de muerte, incluyan o no modalidades de capitalización, y los seguros de retiro en todas sus modalidades podrán actualizarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia según lo establecido en el artículo 27 del decreto 905/2002, ratificado por el artículo 71 de la ley 25.827 y por otros índices aprobados por la normativa vigente, sin que sea de aplicación para estos casos los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

 

IV. De menor importancia para la operatoria normal del Seguro resultan los artículos 190 y 193 de la Ley de Financiamiento Productivo en cuanto se refieren  al tratamiento a otorgar a las  operaciones de financiación a través de pases y  derivados  en los casos  de la Concursos y Quiebras o los contenidos especiales que para el caso de estas situaciones prevén las disposiciones de la Ley 21.526 y 20.091 de Entidades Financieras y de Entidades de Seguros, respectivamente.

 

V. Comentarios.

 

i) Con referencia al apartado I. del presente informe debe destacarse que la Ley 17.418 en ningún caso recepta la cobertura de riesgos financieros y fue la Ley 20.091 la que permitió las operaciones de caución en la medida que no significaran afianzar operaciones de crédito financiero puro. No obstante debe destacarse que existen coberturas admitidas destinadas exclusivamente a operaciones de crédito comercial en las que el siniestro se configura por la insolvencia del deudor en su carácter de comprador de mercaderías pagaderas en forma diferida, insolvencia que se determina a través del proceso judicial correspondiente.

 

Es de suponer que la reglamentación que debe emitir la Superintendencia de Seguros de la Nación otorgará mayores precisiones para esta  modificación incorporada a la Ley 20.091, en especial respecto del no aumento del costo de las operaciones garantizadas con coberturas de seguro.

 

ii) Transcribimos en el punto III. del presente informe el artículo 32 de la Ley de Financiamiento Productivo por el que se dispone que las pólizas de seguros para el caso de muerte y de seguros de retiro podrán actualizarse por el coeficiente conocido como CER o por cualquier otro índice aprobado por la normativa vigente. Se trata de una modificación a las normas de carácter trascendente que fuera anunciada tiempo atrás por las autoridades. Se supone que la actualización admitida alcanzará de la misma forma a primas y sumas aseguradas y tiene por objeto estimular la contratación de seguros de vida u otros sobre  personas, afectados en forma notoria por las pérdidas de valor de la moneda nacional que deterioran en forma permanente su esencia. Para ello la norma prevé que no serán de aplicación los artículos 7 y 10 de la Ley 25.827 (que precisamente prohibieron la indexación o repotenciación de deudas) y el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación que en realidad está referido a operaciones en que se estipule la obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República y que permite que se cancelen dando el equivalente en moneda de curso legal. La no aplicación de este artículo podría tener sentido para operaciones pactadas en moneda extranjera. También en este caso será de particular importancia la reglamentación que se dicte al respecto.

iii) El presente informe resulta de carácter preliminar y será complementado cuando se conozca la reglamentación que, para el caso, será de suma importancia.

 

Publicado el 23/5/2018
 
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