ESTRATEGAS        
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Un fallo de la Suprema Corte de Mendoza que atenta contra la seguridad jurídica
Los autores señalan que la sentencia alienta conductas despreciables y desalienta comportamientos valiosos, como son las condiciones contractuales de prevención.
La Suprema Corte de Mendoza resolvió declarar inválida la clausula de exclusión por exceso de velocidad.

Primero relatamos los hechos y luego veremos los fundamentos del tribunal: a) el asegurado embiste con su vehículo a una persona produciendo su fallecimiento, b) los hijos y cónyuge inician una acción de daños y perjuicios en contra del conductor del rodado, su titular registral y su aseguradora, c) según pericia mecánica, el rodado embistente circulaba a una velocidad estimativa no menor a los 125 km/h, d) obra informe de la Dirección Provincial de Vialidad del cual surge que el accidente ocurre en zona sub-urbana por lo que la velocidad máxima a la que está permitido circular, es de 60 km/h, e) la citada en garantía invoca, contra su asegurado y contra la parte actora, la cláusula de exclusión de garantía por exceso de velocidad expresamente establecida en la póliza.

Los fundamentos del fallo son: “… resultar abusiva del artículo 37 de la ley 24.240 ya que restringe los derechos del consumidor, desnaturalizando las obligaciones de la empresa aseguradora, las cuales quedarían prácticamente vacías de contenido, porque, si bien conducir en esas condiciones ha sido calificada por la ley de Tránsito como un supuesto de falta gravísima, y ha sido penalizado, no resulta ni imprevisible ni extraordinario, sino una de las principales causas en la producción de accidentes, por lo que es claramente abusivo considerar esta causal como constitutiva de una clausula de exclusión en un sistema de seguro obligatorio, que también tiene que tener en vista de la finalidad de protección de las víctimas.., lo cual hace que pueda sostenerse válidamente la existencia de una función social del mismo… siendo la cláusula abusiva, por las razones expuestas precedentemente, la misma debe tenerse por no convenida, conforme lo dispone el art. 37 de la ley 24.240” (SC Mendoza, sala I - Greco, Norma Isabel y otros c. Aravena, Gerardo D y otros s/ds. y ps. s/recurso inconstitucionalidad).

Adelantamos nuestra discrepancia con el fallo. Teniendo en cuenta los hechos, extender la cobertura cuando ella está excluida y, considerar deudoras a las aseguradoras en esos supuestos, implica alentar conductas despreciables y desalentar comportamientos valiosos, como son las condiciones contractuales de prevención que benefician a la sociedad en general.

La aplicación del derecho debe estar guiada por los valores de la justicia y la seguridad jurídica, de la misma forma que en las resoluciones judiciales se deben evitar argumentos teñidos de cierta emotividad.

No debemos olvidar que el sistema de seguro está enfocado a la prevención del daño y, considerar abusiva disposiciones que lo alientan, resulta absolutamente improcedente.

 

MEDIDA DEL SEGURO. Asegurador y asegurado pueden convenir que algunos supuestos no estarán cubiertos, dicho acuerdo se establece a través de las cláusula de exclusión de cobertura, que tiene por objeto evitar la agravación del riesgo tenido en cuenta al contratar el seguro. Es aplicable, en este caso, el principio de la libertad contractual, establecido específicamente en el derecho argentino.

La ley de Seguros, en el mismo sentido, en su artículo 118, 3 párrafo, dice: “La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro” (lo subrayado nos pertenece), significa, que el seguro se encuentra limitado no sólo por un tope monetario sino también por las diversas limitaciones o exclusiones de responsabilidad que se estipulan en el contrato.

Las clausulas de exclusión de cobertura describen supuestos no incluidos de cobertura desde el inicio del contrato, y por lo tanto esta situación no puede ser ignorada por los jueces a la hora de resolver controversias sobre la aplicación de contratos de seguro. La limitación del riesgo cubierto implica la determinación del mismo, que implica un proceso propio de la técnica del seguro. Como ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de La Nación, el tercero no puede invocar el contrato y al mismo tiempo pretender que no le sea oponible. El contrato de seguro se aplica como un todo.

La cláusula contractual que establece la exclusión de cobertura, si el accidente se produce por exceso de velocidad y conforme a los hechos descriptos en este caso, no desnaturaliza el contrato de seguro, no es abusiva, ambigua, ni contraria a la buena fe. Todo lo contrario son cláusulas que benefician la prevención del daño y alientan conductas valiosas. Se trata de una cláusula de exclusión de cobertura referida a la conducta del asegurado; de producirse un siniestro, directamente no nace la responsabilidad del asegurador. La obligación de indemnizar tiene naturaleza contractual y el asegurador sólo está obligado en los límites y en las condiciones que ha cubierto el riesgo.

Tan diversa es la situación, que aquí no sólo no estamos ante un incumplimiento sino ante un cumplimiento de un contrato, tal cual fue pactado.

Por otra parte la ley de Seguros no fue modificada por ulteriores leyes como la ley de Defensa del Consumidor. La LDC es una ley posterior a la ley de Seguros, que no deroga ni modifica la ley específica.

Los principios de protección de las víctimas y de función social del seguro no habilitan la extensión del riesgo asegurado más allá de los límites pactados, ni configura argumento suficiente para omitir considerar la existencia de una cláusula de exclusión de la cobertura. Más aún en este caso que ayuda a prevenir el daño.

El derecho de seguros no puede ser desnaturalizado bajo el loable fin de reparar los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito. La responsabilidad civil y el seguro son eficaces herramientas jurídicas para esa finalidad pero tienen límites que los magistrados deben respetar, ya que de lo contrario se termina vulnerando el orden jurídico en su conjunto.

En tal sentido, debe presumirse la razonabilidad de las normas; que fueron aprobadas por la SSN y, la de la ley de Seguros que establece que la cobertura debe ser determinada y que el seguro tendrá los límites pactados en el contrato. Si bien los jueces pueden valorar una resolución administrativa, ya que la aprobación de una cláusula contractual por la autoridad de contralor no impide su revisión judicial, su invalidez puede sostenerse únicamente en la arbitrariedad. Del mismo modo, si una ley no amerita su declaración de inconstitucionalidad, como solución excepcional y extrema, la norma debe ser aplicada.  Se debe evitar romper el equilibrio entre las partes que los magistrados deben garantizar, impidiendo el fortalecimiento indebido de la posición de una en detrimento de la otra.

Es necesario recordar que la fortaleza de la justicia se encuentra en los jueces, ya que si éstos la interpretan erróneamente se verá afectado el Estado de Derecho.

 

Escriben Juan Miguel Trusso y Federico Tallone

jmtrusso@estudiotallone.com.ar

federicotallone@estudiotallone.com.ar

 

Los autores son socios del estudio Tallone Abogados. www.estudiotallone.com.ar
Publicado el 26/3/2018
 
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