ESTRATEGAS        
 
ADELANTO: SUPLEMENTO “ABOGADOS DEL SEGURO 2017”
“La CSJN exhorta a jueces de instancias inferiores a evitar arbitrariedades que son fuente de litigiosidad”
Socios del estudio Bulló Abogados analizan la actualidad de la industria aseguradora en materia judicial. Análisis de reformas y fallos, y observaciones sobre las nuevas tendencias que empiezan a asomar desde los distintos tribunales. Foto: miembros del staff de Estudio Bulló.
Estrategas comparte la entrevista completa a socios del estudio Bulló Abogados como adelanto del suplemento “Abogados del Seguro 2017” que se publicará en la edición impresa número 167.

¿Cuáles son los mayores conflictos jurídicos que enfrentan hoy las aseguradoras?

Daniel Guffanti: En lo que hace a seguros Patrimoniales y de Vida, a la habitual conflictividad por los juicios por Responsabilidad Civil y por cumplimientos de contrato, se suman las acciones colectivas. El reconocimiento en el Código Civil y Comercial de los “derechos de incidencia colectiva” y la incorporación de la “función preventiva de la responsabilidad civil”, en el marco de un activo desarrollo del Derecho del Consumo, exigen de las empresas un mayor cuidado en la redacción de los instrumentos contractuales masivos en general. Las aseguradoras deben revisar la redacción de las pólizas para prevenir conflictos.

La litigiosidad (reclamos, mediaciones y juicios) sigue en aumento. ¿A qué lo atribuye? ¿En qué área o negocio es más marcada y por qué? ¿Qué jurisdicciones son más litigiosas?

Daniel Russo: Es evidente que el aumento de la litigiosidad se da más marcadamente en Riesgos del Trabajo, habida cuenta del contexto jurídico que involucra la cuestión.Respecto a seguros Patrimoniales también se repite el aumento pero es evidente que aquellas aseguradorascon una gestión integral del siniestro, es decir desde su ocurrencia, han logrado controlar la cartera de juicios y en algunos casos reducirla.

Teniendo en cuenta las mejores condiciones económicas, especialmente la reducción de la tasa inflacionaria, es de esperar que las aseguradoras no compitan entre sí sólo por precios sino en ofrecer más y mejores servicios y además que se destaquen aquellas que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma.

¿Continúa habiendo falta de previsibilidad en la fijación de los porcentajes de incapacidad por parte de los peritos médicos?¿Cuál es la perspectiva de solución para este problema?

Ignacio Etcheverry: Los dictámenes periciales médicos y psicológicos son dispares; los hay fundados e infundados. Se debería adoptar un baremo médico unificado. Mientras ello no ocurra, los jueces deberían basarse más en el tipo de lesión verificada por el experto y en la posible relación de causalidad con el hecho, que en el porcentaje indicado en la pericia. Todo juez sabe cuál es el grado de incapacidad de una determinada lesión y puede por sí mismo aplicar baremos públicos que están al alcance de todos.

María Soledad Espiñeira: Asimismo sería conveniente desasociar el resultado del juicio con el importe de honorarios periciales. Al ser dictámenes de expertos auxiliares del juez, los honorarios deben ser fijados en forma objetiva independientemente del resultado y/o naturaleza del juicio sino por la índole y complejidad del informe.

¿Cuánto se paga hoy el punto en extrajudicial, mediación y juicio? ¿Qué porcentaje del total se maneja en cada etapa de cierre? ¿Hubo cambios al respecto en el último año?

Javier Santiere: Consideramos importante sugerir una mirada distinta, tanto respecto de la determinación del daño, como de la comparación de los valores desembolsados por las aseguradoras en trámites administrativos, mediación o juicio.

Respecto de la forma de determinar el daño: A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el criterio legal para la valuación del daño patrimonial en casos de lesiones no debe limitarse a considerar únicamente la incapacidad (disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas) sino también otras variables como lo son la edad y los ingresos del lesionado (artículo 1746).Asimismo, la variable punto de incapacidad es absolutamente imprecisa y poco confiable en atención a la diferencia de criterios médicos que existen para su determinación. Es común observar que en la etapa judicial se establecen porcentajes de incapacidad que difieren sustancialmente con el establecido en instancias anteriores y que, en muchos casos, son informes oficiales sospechados de parcialidad. No olvidemos que en muchas jurisdicciones el valor del honorario del perito está vinculado al del juicio. En consecuencia, más adecuado que hablar de valores por punto es evaluar lo pagado por caso e ir desarrollando matrices que incluyan rangos por edad, incapacidad e ingresos.

Respecto de la comparación entre lo pagado en las distintas posibles instancias de un siniestro: Teniendo en cuenta que la determinación de la variable incapacidad física difiere de una instancia a otra, según la pericia la realice un médico asesor o un perito, resultaría poco rigurosa y útil una comparación, por no decir carente de seriedad.Ello, salvo que, desentendiéndose de todas las demás variables (edad e ingresos) se quisiera comparar lo pagado por caso dividido por la incapacidad. Claro está, para que el resultado pueda ser considerado uniforme, los casos a incluir en la muestra deberían ser aquellos donde, sin importar la instancia del cierre, se divida lo pagado sobre la incapacidad determinada por el mismo médico, o sea, el médico asesor de la aseguradora.

Quienes venimos trabajando en esta forma de analizar los datos observamos diferencias crecientes en las indemnizaciones en la medida que pasan de una etapa a la otra; lo que se ve potenciado, a su vez, por la incidencia de accesorios (intereses, honorarios, gastos y ciertos criterios de algunos jueces).

RIESGOS DEL TRABAJO. Sobre la Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, ¿Cómo avanza la reforma?¿En qué puntos se percibe alguna mejora y por qué?

Andrea Nessi: Las modificaciones introducidas por la ley 27.348 han sido el resultado de la anuencia de casi todos los sectores involucrados, obteniendo un amplio consenso y aprobación tanto por parte de la política, como de los empresarios y las representaciones sindicales. Se ha elaborado con ello un eficaz y expeditivo procedimiento de solución administrativa de controversias, en beneficio del trabajador accidentado, quien en un plazo no mayor a 60 días podrá acceder al cobro de las prestaciones que le correspondan. Todo ello con asesoramiento letrado gratuito para el damnificado, para cuando se discuta la determinación de las incapacidades, sus divergencias o los eventuales rechazos de las contingencias. Confiamos en que, conforme pasen los meses, el procedimiento será aún más fluido y generalizado, alcanzando las expectativas tenidas en mira con la nueva ley, a partir del acompañamiento del resto de las provincias invitadas a adherir. Ejemplo de ello es la provincia de Córdoba, cuya ley de adhesión ha entrado en vigencia el pasado 15 de septiembre con la creación de nuevas Comisiones Médicas adaptadas al nuevo proceso. Estamos convencidos de que, conforme se perciban los beneficios del nuevo procedimiento, mayor será la aceptación del resto de las provincias, considerando que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema entró en vigencia automáticamente.

Entre otras mejoras, podemos destacar una paulatina desaceleración del ingreso de causas judiciales, como surge de los números publicados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

A su criterio, ¿cuáles son los puntos fuertes y/o positivos de la reforma?

María Sol Rodríguez:Se observa que los trámites iniciados dentro del nuevo procedimiento ante las Comisiones Médicas ya dan cuenta del éxito de la reforma. Es así que se observa la existencia de un alto porcentaje de acuerdos dentro del sistema prejudicial, llegando a un 96 por ciento de soluciones transaccionales en aquellos siniestros en los cuales se fija algún grado de incapacidad. En ese sentido, se han alcanzado en estos pocos meses más de 1.400 acuerdos entre las aseguradoras y los trabajadores.

Por otro lado, merece destacarse la especialización interdisciplinaria dentro de tales Comisiones, lo que se alcanza a través de la actuación más decisiva de los secretarios técnicos letrados (jerárquicamente equiparados a los profesionales de la medicina), quienes efectúan un control de legalidad del procedimiento, amén de emitir su opinión en cuestiones jurídicas durante todo el proceso. A ello se adiciona el asesoramiento letrado en favor del trabajador.

Asimismo, se crea un servicio de homologación cuya titularidad es en cabeza de un abogado del estado, quien tiene a su cargo el dictado del acto administrativo de cierre de la instancia administrativa, que eventualmente adquirirá fuerza de cosa juzgada, dando certeza a los derechos de las partes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión judicial posterior en caso de disidencia.

¿Y las principales dificultades y/o puntos débiles?

Rodríguez: El éxito de la reforma está ligado a que las provincias se adhieran al nuevo régimen. Mientras ello no ocurra, podría registrarse algún grado de migración judicial hacia otras jurisdicciones no adherentes. Es necesario también contar con el acompañamiento de la Justicia, la cual con sus fallos podrían dificultar la eficiente implementación de la reforma en su totalidad.

¿Cuál es su expectativa respecto del resultado final que traerá esta reforma? ¿Cree que logrará cerrar la judicialidad que afronta el sistema?

Gonzalo Dabini: Confiamos en la viabilidad del nuevo régimen en tanto da una respuesta adecuada a la necesidad de los trabajadores a la vez que impone reglas de juego claras para todos los involucrados. Resulta irracional y contra toda lógica que un sistema de reparación de daños derivados del trabajo tenga como única respuesta la perentoriedad de iniciar un juicio para su resolución definitiva. Es inaceptable para un sistema de derecho que se precie de tal. El reclamo judicial debiera ser siempre la excepción, una respuesta a la que se acceda cuando se haya agotado toda otra posibilidad de solución.

No se justifica de ningún modo que un trabajador en esa situación tan desventajosa deba esperar por tres, cuatro o más años para acceder a una prestación que exige inmediatez, y que en la mayoría de los casos depende sólo de cuestiones de índole médica.

Si, fuera de todo prejuicio, se pudieran evidenciar estos beneficios en todo el país, creemos que inexorablemente la litigiosidad debiera reducirse notoriamente, de modo tal que la judicialización se materialice sólo para aquellos casos donde se detectaren fallas o lagunas, o cuando se discutieren cuestiones jurídicas complejas que lo ameriten.

¿Persiste el riesgo de que esta ley se declare inconstitucional? ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

Nessi: No podemos descartar esa posibilidad, pero estimamos que esta reforma es sólida en cuanto, entre otras cuestiones, corrige aquellas deficiencias advertidas por la Corte Suprema en el famoso caso “Castillo”. Asimismo regula, conforme los lineamientos señalados por nuestro más alto tribunal en el precedente “Ángel Estrada”, la conformación y funcionamiento de los tribunales administrativos con atribuciones jurisdiccionales. En esta línea, tanto el Procurador General del Trabajo como la Sala II de la CNAT han brindado importantes argumentos en favor de la constitucionalidad del nuevo sistema en oportunidad de expedirse al respecto en el fallo “Burghi c/ Swiss Medical ART”. Creemos que nuestra Corte Suprema no hará oídos sordos a estos fundamentos.

UART indica que en agosto se profundizó en CABA la baja interanual de juicios notificados a las ART y se exacerba el aumento en la provincia de Buenos Aires. ¿Percibe esta misma tendencia?

Dabini: No es una cuestión de percepción, sino que se trata de datos estadísticos fehacientes y comprobables, y que además gozan del aval del organismo de control, en el caso la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Se presenta con esta reforma una oportunidad única para consolidar el sistema sobre Riesgos del Trabajo, que ha demostrado claramente en todos estos años sus ventajas en términos de amplia cobertura, suficiencia prestacional y reducción de la siniestralidad.

La Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y rechazó que los magistrados fijen arbitrariamente montos de indemnizaciones por encima de lo que marca la ley de ART (la Cámara había establecido un pago de $ 700.000, pese a que la fórmula que fija la ley establecía que debía ser de $ 435.103,50). ¿Cómo lo analiza?

Rodríguez: En el precedente Maranda, nuestro más alto tribunal nos brinda una nueva demostración de su intención de corregir ciertos excesos judiciales que se han observado en las últimas décadas, relativo al apartamiento de los textos legales al momento de dictar sentencia por parte de determinados tribunales. Es posible pensar que la CSJN ha querido exhortar a estos jueces de instancias inferiores a evitar arbitrariedades en ese aspecto, las cuales son fuente de litigiosidad en tanto auspician el inicio de reclamos al sólo efecto de intentar obtener un beneficio económico a través de decisiones sin basamento legal.

Nuestro máximo tribunal ha decidido con ello poner punto final a estas distorsiones, generando reglas de juego claras para todos los involucrados.

El fallo en el caso “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía de Seguros” se impuso costas judiciales a un trabajador que por su propia conducta negligente motivó el rechazo de la demanda. ¿Cómo analiza el caso?

Rodríguez: Ninguna original doctrina emana del fallo López. Lo excepcional y novedoso desde el punto de la ciencia jurídica ha sido la admisión de la instancia extraordinaria, dada la materia del recurso. Y es quizá allí donde ha de buscarse la clave de bóveda: tal vez no ha sido casual que la CSJN haya fallado en esta causa pues, de otro modo, hubiera adquirido firmeza el fallo de la Sala III confirmando la imposición de costas al vencedor demandado, con total desapego a la regulación legal. Posiblemente el mensaje de la Corte -subyacente a su fallo- haya sido el de intervenir -llegando al extremo de habilitar la instancia extraordinaria cuando se debaten cuestiones de neto corte procesal- ante un exceso irrazonable y apartado de las normas vigentes aplicables.

¿Persisten los inconvenientes “de siempre” (tasa activa, reclamos por mayores porcentajes de incapacidad, etc.)?

Nessi: Todavía no podemos dar cuenta de ello con certeza, puesto que hasta el momento no se han registrado suficientes casos con fundamento en la nueva normativa, ni fallos al respecto que nos puedan ilustrar sobre estos puntos. No obstante, teniendo en cuenta la tendencia históricamente habida en nuestro país, es probable que tales inconvenientes, en mayor o menor medida, se mantengan, siempre ello en un contexto de menor judicialidad a la que se ha venido observando, y hasta tanto la Corte Suprema zanje definitivamente estas cuestiones.

En cuanto a la tasa de interés, la propia reforma se ha encargado de definir normativamente esta cuestión, imponiendo para los reclamos por contingencias laborales la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación. Esto debiera acallar las discusiones que pudieran suscitarse.

AUTOMOTORES.La CSJN volvió a declarar la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro de Responsabilidad Civil al tercero damnificado (en un caso de un seguro obligatorio de Automotores con un monto de cobertura muy chico, $30.000).¿Cómo recibió el mercado asegurador este fallo?¿Qué impacto puede tener para el manejo de juicios de RC Automotores?

Espiñeira: Obviamente el mercado asegurador se sintió aliviado por el fallo “Flores”. En primer lugar, por cuanto confirma en lo principal lo decidido en otros precedentes (“Buffoni”, “Cuello”, “Obarrio”, “Gauna”) pero con otra composición del Tribunal. En segundo lugar, por cuanto delimita el concepto de la llamada función social del seguro, destacando que ella no implica que deba repararse todos los daños de la víctima sin consideración del contrato que se invoca.

En el mismo sentido reitera que los contratos tienen efectos entre las partes y no pueden beneficiar ni perjudicar aterceros, excepto en aquellos casos previstos por la ley, sintetizando que no resulta aceptable acatarestipulaciones contractuales que favorecen al tercero y desechar las que imponen límites.

Russo: Ahora bien, el gran inconveniente que enfrenta el mercado asegurador es la disímil opinión que tienen al respecto algunos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal. Como ejemplo de ello se destaca que las Salas K y L siguen manteniendo una posición contraria a lo establecido por la Corte Suprema en materia de respeto del límite de cobertura. Esta disparidad de criterios, además de atentar contra la velocidad de los procesos, crea una falta de certidumbre jurídica, necesaria para el desarrollo de la sociedad.

En septiembre de 2016, la ResoluciónNº 39.927subió los límites de coberturas, eliminó los sublímites de los contratos, elevó el límite de la franquicia o descubierto obligatorio, definió que dicha franquicia no es oponible a los terceros damnificados, y eliminó la cláusula de Destrucción Total del 20%. ¿Cómo se desarrolló la situación judicial en Automotores a partir de dichos cambios?

Santiere: La Resolución 39.927 introdujo modificaciones respecto de cuestiones cuyo tratamiento judicial había generado preocupación al descalificar condiciones contractuales emanadas del propio órgano de control.

Etcheverry: En tal sentido, la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos “M.R.B. c/ Transporte Río Grande SACIF línea 8 y otros s/ daños y perjuicios”, señaló que además de la doctrina que emana del Plenario Obarrio, sostiene que el argumento de la inoponibilidad de la franquicia se refuerza con el criterio adoptado por la Superintendencia de Seguros de la Nación al sancionar la nueva normativa aplicable a partir de septiembre de 2016(Resolución 39.927).

NUEVO CÓDIGO. ¿Cómo avanza la transición en este cambio de legislación? ¿Está habiendo problemas? ¿Cuáles?

Russo: Considero que los jueces cuentan, aún antes del nuevo Código Civil y Comercial, con la autonomía necesaria para sus funciones. Cómo lo he expresado con anterioridad es deseable que dicha autonomía sea utilizada no sólo para interpretar y aplicar las leyes sino también para propender a una justicia más rápida, misión que no sólo les incumbe a ellos sino también a nosotros los abogados.

Por otro lado, no observo que a partir del nuevo Código exista mayores riesgos. En todo caso, entiendo que ello puede ser la oportunidad de nuevos negocios para las aseguradoras.

CONCLUSIÓN. Los abogados del seguro vienen sosteniendo desde hace muchos años que los mayores conflictos que enfrentan las aseguradoras vienen dados por interpretación y aplicación que hacen los jueces de las cláusulas del contrato de seguro.¿Considera que se están dando los pasos necesarios y/o clave para destrabar esta problemática?

Russo: Respecto de la interpretación de las cláusulas del contrato de seguro entiendo que es necesario partir de la siguiente base: en algunos casos los contratos de seguro no cumplen con los requisitos mínimos e indispensables para resultar debidamente interpretados por los asegurados.

Por otro lado, creo que es necesaria una ley que regule el seguro obligatorio exigido por el artículo 68 de la ley 24.449 y establezca pautas mínimas y claras respecto al riesgo cubierto, sus límites económicos y las situaciones excluidas del contrato. Sin dicha herramienta, dudo que puedan corregirse las diversas interpretaciones y aplicaciones del contrato.

Eliana Carelli

Publicado el 9/10/2017
 
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