ESTRATEGAS        
 
TEMAS JUDICIALES: EL CASO “FLORES”
Un fallo aliviador para el mercado
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a declarar la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro de Responsabilidad Civil al tercero damnificado. El abogado Federico Tallone (foto) analiza la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a declarar la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro de Responsabilidad Civil al tercero damnificado. Esta decisión fue adoptada en la causa “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”. La mayoría se conformó con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y con el voto concurrente del juez Carlos Rosenkrantz. En disidencia votaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes declararon inadmisible, con fundamento en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso extraordinario deducido por la aseguradora citada en garantía.

Antes de analizar el fallo en cuestión recordemos lo que resolvió la Cámara de Apelaciones en la instancia anterior. En este sentido, la Sala K había confirmado la sentencia de primera instancia que condenó al demandado a pagar los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, aunque modificando los montos de la condena. Sin embargo, en lo que refiere a la extensión de la condena a la aseguradora, la Cámara  revocó lo ordenado en primera instancia declarando inoponible a la actora el límite de cobertura establecido en la póliza de seguros contratada (seguro obligatorio). Entre sus fundamentos señaló que los contratos no pueden perjudicar a quienes no revisten la condición de partes o no sean sus sucesores, tampoco oponérseles ni ser invocados por ellos. También sostuvo que el seguro de Responsabilidad Civil no sólo tiene como objetivo evitarle una gran pérdida al asegurado, sino también resguardar a la víctima y garantizar un resarcimiento rápido e integral, argumentando que ello encontraba fundamento en la función social de dicho seguro como instituto adecuado a la “idea solidarista” que se basa en el resguardo de la víctima y en la reparación del daño injustamente padecido.

Como consecuencia de este pronunciamiento, la aseguradora citada en garantía interpuso un Recurso Extraordinario que fue receptado favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

PUNTOS SALIENTES. Son muchos los puntos salientes del fallo que merecen la pena resaltar. Veamos algunos lineamientos esgrimidos en los considerandos del fallo:

•                “Que también ha decidido esta Corte que no obsta a ello la modificación introducida por la ley 26.361 a la ley de Defensa del Consumidor puesto que una ley general posterior no deroga ni modifica implícita o tácitamente la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad de los contratos de seguro (…)”.

•                “Que, asimismo, tiene resuelto el Tribunal que la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca (causa “Buffoni”) (…)”.

•                Que, en efecto, los artículos 109 y 118 de la ley de Seguros 17.418 establecen que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato, y que “la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y se hará ejecutable contra él en la medida del seguro”.

•                “Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que, si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.

•                “(...) Por esta razón, la libertad de contratar está protegida constitucionalmente y nadie puede, so pretexto de un perjuicio ético o patrimonial, entrometerse en la esfera de autonomía de quien ha celebrado un contrato (…)”.

•                “Que, en sentido análogo, la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre ésta y el asegurado, enlazados únicamente por el sistema instruido por la ley 17.418 (…)”.

•                “La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente “contractual”, y su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización “más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil”.

 

PAUTAS DEL CONTRATO. Como podemos observar, entre los argumentos centrales la Corte dejó claro desde el principio que, conforme doctrina del propio Tribunal, la “función social” que debe cumplir el seguro no implica “que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca”.

Sobre esa base, el voto de la mayoría se inclinó por mantener firme el criterio del Cuerpo que entiende que el límite de cobertura es perfectamente oponible. Aclararon en ese sentido que la ley de Seguros 17.418 establece que el asegurador “se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero” como consecuencia de los daños causados por vehículo asegurado y que “la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro”.

El voto del doctor Rosenkrantz, también por la mayoría, señaló que “contrariamente a lo sostenido por la Cámara, ni de la obligatoriedad del seguro prevista por la ley ni de su finalidad social puede inferirse que la cláusula del contrato que limita la cobertura sea inoponible al damnificado”. Asimismo, entre los fundamentos de su voto destaca que, frente a la actora, la fuente de la obligación del demandado, eso es del causante del daño, es diferente a la fuente de la obligación de la citada en garantía, pues en este último supuesto, la fuente de la obligación surge de la ley o bien del contrato de seguros celebrado con el asegurado por el que se comprometió a responder por él en caso de que fuere demandado. Por ello, sostiene luego, que la distinta naturaleza de la obligación de la aseguradora con la del asegurado tiene como consecuencia central que su límite no será la medida del daño sino -como principio- será o bien aquello exigido por la ley o a aquello por lo que se comprometió.

También se refirió a que del texto del artículo 68 de la ley Nacional de Tránsito 24.449 se deriva con facilidad que la extensión y las condiciones del seguro obligatorio del automotor serán las que determine la autoridad reguladora. Si bien la norma dispone la obligatoriedad del seguro de Responsabilidad Civil Automotor, no determina cuál debe ser la extensión de la responsabilidad de la aseguradora. Precisó que la mayor contratación del seguro maximiza la probabilidad de compensación a las víctimas potenciales de los daños producidos por automotores.

En este sentido, haciendo un análisis económico y actuarial del seguro de Responsabilidad Civil, Rosenkrantz entiende que todo límite de cobertura debería reducir el precio de la póliza: “Esto es a menor cobertura, menor riesgo asegurado y, al menos en un mercado competitivo, menor precio final del seguro”. La reducción del menor precio de cobertura, entonces, hará accesible a más individuos la contratación del seguro. La mayor contratación de seguro, y el consiguiente mayor número de asegurados, maximiza la probabilidad de compensación a las víctimas potenciales de los daños producidos por los automotores, que es -justamente- uno de los objetivos buscados por el sistema de seguro obligatorio. Es más -continúa el Ministro-: “ (…) si las pólizas emitidas no tuvieran un límite de cobertura, los seguros no sólo serían más costosos sino que, además, serían más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de los asegurados. Sin límite de cobertura es mucho más difícil realizar los cálculos actuariales necesarios para determinar con precisión el precio al que las pólizas deberían comercializarse a fin de que las compañías aseguradoras pudieran tanto indemnizar los daños que acaecieran como mantener su solvencia para, de ese modo, indemnizar los daños futuros también asegurados. La incertidumbre referida las forzaría a cubrirse comercializando pólizas más caras. Esto, sin duda, haría más difícil que todos se asegurasen y, por consiguiente, tornaría, en alguna medida, más incierta la compensación de las víctimas (…)”.

 

VIOLACIÓN. Otro aspecto que toca el fallo de la Corte criticando lo resuelto por la Cámara, refiere a que al pretender obligar a la aseguradora a afrontar el pago de los daños sufridos por la víctima más allá del límite que emerge de la póliza con el único argumento de la supuesta desnaturalización de la función social del seguro, implica una violación al derecho de su propiedad. La sentencia apelada avanza sobre los derechos que emergen del contrato sin justificación suficiente y, como consecuencia de ello, impone a la aseguradora una obligación sin fuente legal alguna.

Finalmente, Rosenkrantz vuelve a manifestar lo que la Corte manifestara en la causa BUFFONI, en el sentido de que la ley de Defensa del Consumidor (texto según ley 26.361) “se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguros”.

En resumen, y para concluir este breve comentario, celebramos el reciente fallo dictado por esta nueva integración de la Corte, en el cual se vuelven a confirmar muchos de los principios ya sentados en el fallo BUFFONI, como el principio general de la oponibilidad de las cláusulas contractuales basado fundamentalmente en la libertad de contratar, que tiene garantía constitucional y el efecto relativo de los contratos (artículos 957, 958, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación); la plena validez de los seguros de Responsabilidad Civil obligatorios en Automotores, o la reafirmación en cuanto a que la ley de Defensa del Consumidor es ley general posterior respecto a la ley especial del Contrato de Seguro, por lo que no la deroga ni la modifica, tácita ni implícitamente, sino que resultará aplicable en todo aquello que ésta no prevea.

Aguardemos entonces que los tribunales inferiores de todo el país puedan adaptarse rápidamente a estos lineamientos de la Corte que se definen en este nuevo pronunciamiento, focalizando ahora la cuestión en la plena validez de los seguros obligatorios de transporte automotor.

 

El autor es titular del estudio jurídico Tallone Abogados.

 

Escribe Federico C. Tallone

federicotallone@estudiotallone.com.ar

 

Publicado el 1/8/2017
 
FEDERICO TALLONE, ABOGADO
GRATIS EN SU E-MAIL
Suscríbase a la newsletter digital de Revista Estrategas
Reciba en forma gratuita las noticias, informes y alertas de Revista Estrategas en su e-mail. Al hacer click en el siguiente botón, se abrirá una nueva ventana.
ESTRATEGAS: Av. Santa Fé 3996 Piso 13 Of. 113 [C1425BHO] Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel. 4831-2627
Firenox Internet